Una nueva Ley que deberán tramitar las Cortes Valencianas o bien un nuevo decreto-ley, son las primeras soluciones que apuntan desde el Consell en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que anula el decreto del copago a los dependientes y mayores.
La falta de autonomía de al menos 30.000 afectados en la Comunidad, más de un tercio de ellos en la provincia de Alicante, les obliga a acudir a residencias, centros de día o de noche, ayuda a domicilio, rehabilitación o viviendas tuteladas y, por decreto, completar el pago de entre 500 a 1.500 euros al mes, según su renta.
La Conselleria de Bienestar Social fijó una tasa por decreto para todos estos servicios en agosto del año pasado, que recurrió en los tribunales el comité de entidades representantes de personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, el Cermi, y al que el TSJ ha dado la razón: «Los precios públicos son prestaciones de una opción libre», subraya el fallo, que añade que los afectados «no parecen grupos especialmente favorecidos y los servicios asistenciales son básicos e imprescindibles».
El Cermi había insistido ante el tribunal para que fallara cuanto antes porque son muchos los afectados y las distintas asociaciones que gestionan los centros asistenciales habían acordado no cobrar desde enero por sus servicios hasta conocer el fallo judicial para no gravar la situación de mayores y dependientes.
La resolución jurídica ha sido rápida, como valoraron desde el Cermi de Alicante, aunque se mostraron cautos porque se puede presentar un recurso de casación ante el Supremo. «En el caso de que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia del TSJ, la medida afectará a toda España», como expresó el presidente del Cermi en la Comunidad, Juan Planelles.
Mientras, la oposición política y sindicatos como CC OO coincidieron en pedir la dimisión de la consellera Asunción Sánchez Zaplana y en tachar el decreto de copago de «injusto, miserable e indigno», la portavoz del Consell, María José Catalá, adelantó que la sentencia «incide en el aspecto procedimental, que tenía que haber sido otro tipo de procedimiento, posiblemente un decreto-ley o una Ley. Si esto se confirma, tomaremos las medidas oportunas para adecuar la medida al marco legal exigible», subrayó.
