El Síndic de Greuges de la Comunidad, José Cholbi, ha remitido al Ayuntamiento de Alicante una resolución con recomendaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el transporte público urbano de la ciudad.

Así, Cholbi da respuesta así a la queja presentada por una ciudadana con una movilidad reducida del 83%, que utiliza una silla de rueda para sus desplazamientos, según informó ayer la Sindicatura de Greuges en un comunicado, en el que se recoge que «la afectada denunciaba una serie de incidencias en el funcionamiento de las rampas de los autobuses». «A lo que se añaden las trabas ocasionadas por el mal estado y los desniveles de las aceras en las paradas de autobús, así como por la impunidad de los vehículos mal estacionados, que impiden que el autobús se acerque al anden y pueda desplegar la rampa», recogía la nota de prensa, que añadía otras deficiencias denunciadas por la usuaria, como «la falta de pulsadores avisadores de parada adaptado o las dificultades de las personas con problemas de movilidad para acceder al lector de tarjetas (alejados de las rampas)». Situaciones y condiciones, según el Síndic, que «imposibilitan la utilización de transporte público de manera autónoma a las personas con movilidad reducida».

Por estos motivos, Cholbi propone al Ayuntamiento de Alicante, «de forma transitoria y en aquellas líneas de autobús que no dispongan de lectores de tarjetas adaptados», la exención del pago del billete a las personas con movilidad reducida de la ciudad. Además, el Síndic sugiere también al Gobierno local dirigido por Castedo que realice un estudio sobre el uso, frecuencia y características de este colectivo en los autobuses urbanos e interurbanos, a fin de mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Por otro lado, en cuanto a los autobuses que dan servicio, Cholbi insta a adoptar «todas las medidas que sean necesarias» para «mejorar la calidad y eficacia» en la prestación de este servicio público en relación con los derechos de las personas con problemas de movilidad, tal y como establece la normativa autonómica actual en materia de accesibilidad universal al sistema de transporte público en la Comunidad.