El PP rechazó ayer en las Cortes la iniciativa de Esquerra Unida pidiendo la suspensión de la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que permitirá la instalación de Ikea en Alicante, pero admitió que el informe policial incluido en la investigación del Plan Rabasa se ha remitido a la Abogacía de la Generalitat para que lo analice y determine si existe motivo de suspensión. «No se puede suspender de motu propio», esgrimió el diputado popular y alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, que fue quien, para sorpresa de los diputados de la oposición, salió a la palestra para defender la postura del Consell sin que lo hiciera ninguno de los diputados alicantinos.
El debate también estuvo marcado por la ausencia del presidente de las Cortes, Juan Cotino, lo que sirvió a la diputada de EU Esther López Barceló para recordar que el informe policial de Rabasa destapa las reuniones entre Cotino y Enrique Ortiz para agilizar el Plan Rabasa. El PP justificó su ausencia por estar elaborando los presupuestos de las Cortes.
La diputada de EU comenzó pidiendo al Consell que suspenda cautelarmente ATE de Ikea a la luz del informe policial y el avance en la investigación sobre Rabasa que le ha valido una nueva imputación a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedoimputación Sonia Castedo. Al respecto, reclamó al PP que «depure responsabilidades políticas» apartando del cargo a la regidora. La ATE es la herramienta urbanística que permitiría desarrollar el proyecto de una empresa de Ortiz para instalar la multinacional y su macrocentro comercial anexo en terrenos de Rabasa tras la anulación del plan urbanístico por parte de los tribunales. «El 'pelotazo' se encuentra en el tejado del Consell», espetó López Barceló.
Desde el PSOE, el diputado Javier Macho, también apoyó la petición de suspensión y subrayó que «entre el comercio y el futuro de Alicante, el PP siempre elige a Enrique Ortiz». Desde Compromís, Mireia Mollà acusó al PP de proteger los intereses de Ortiz. «Según Gürtel, es uno de los financiadores ilegales del PP», subrayó Mollà, quien añadió que «quieren seguir haciéndole el negocio». En su intervención, justificó que su grupo apoyaría la suspensión de la ATE de Ikea «porque perpetúa la corrupción y no mira al interés de la ciudadanía».
El popular Alfredo Castelló trató de desligar el nuevo proyecto en hay en trámite del Plan Rabasa bajo investigación asegurando que una Actuación Territorial Estratégica «modifica el planeamiento y borra todo lo anterior». En su opinión, una paralización del trámite «carece de motivación y sería una arbitrariedad». Y, aunque consideró que debe haber una causa legal de suspensión y que son los tribunales quien deben decidirlo, admitió que el informe policial sobre el Plan Rabasa que EU remitió a las Cortes «se va a analizar» por parte de la Abogacía de la Generalitat para determinar «si hay motivo de suspensión porque no se puede suspender de motu propio».
Ante esta última afirmación de Castelló, la diputada de EU aseguró: «Me alegra que se lo haya remitido a la Abogacía de la Generalitat a ver si la suspende, veo esperanza, pero ahora falta que haya rapidez». En la réplica acusó al PP de «dar la espalda» a la ciudadanía y aseguró que «prevaricar es no suspender la ATE». Culminó su intervención pidiendo al PP que aparte de la Alcaldía a Castedo, recordando su doble imputación -en la causa del presunto amaño del Plan General y también en la de Rabasa- y lanzando una pregunta su interlocutor del PP: «¿Usted sería alcalde con una doble imputación?».
Castelló esquivó la pregunta asegurando que «ojalá el Consell tramitara una ATE para Sagunto» y apeló a los «4.400 empleos» que, según afirmó, generará el proyecto de Ikea en Alicante. «¿Se puede jugar el futuro de la ciudad por una partidita política?», preguntó entonces el diputado del PP sin que posteriormente hubiera opción a réplica en el hemiciclo.
