La semana política, al margen del proceso catalán, ha tenido en la dimisión del ministro de Justicia dimisión ministro de Justicia su momento culminante. Un proyecto de ley sobre el aborto se ha llevado por delante la carrera de Ruiz Gallardón, pero como música de fondo, convertido ya en un problema crónico alejado de los titulares, continúa vigente un asunto que marca el día a día de toda la ciudadanía: la sobrecarga de los juzgados. Y en el caso valenciano, la situación ha adquirido una dimensión preocupante.
Más de la mitad de los juzgados valencianos (221 de los 406, lo que supone el 54,4%, el porcentaje más alto de todas las autonomías, once puntos por encima de la media) están desbordados con una sobrecarga de trabajo superior al 150%. desbordados sobrecarga de trabajo superior al 150%. Así se desprende del último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha tenido acceso este diario, con datos del año 2013. El Poder Judicial ha establecido a partir del 150% el indicador de sobrecarga, teniendo en cuenta que al 100% un juzgado trabaja dentro de sus límites.
Los juzgados y tribunales andaluces, castellano-manchegos y madrileños siguen a los valencianos en esta relación. En el caso valenciano, 102 juzgados además tienen un número de asuntos pendientes superior a la media de las autonomías.
Lo cierto es que, en el ámbito judicial valenciano, las estadísticas reflejan una carga del trabajo desigual entre los distintos órdenes jurisdiccionales. Cabe destacar la saturación en los juzgados sociales, mercantiles y civiles, que son la primera línea de acceso a la justicia para los ciudadanos.
Los 16 juzgados de lo social (sin ejecuciones) padecen sobrecarga de trabajo tras años de crisis económica y la alta litigiosidad laboral derivada. Allí se resuelven, por ejemplo, los conflictos entre el trabajador y el empresario con ocasión del contrato de trabajo o reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado.
También los siete juzgados de lo mercantil, encargado de los concursos de acreedores y los conflictos vinculados con las empresas, se encuentran saturados. Lo mismo que los 73 juzgados de primera instancia, lo que más afecta a los ciudadanos. Los ocho juzgados de familia del territorio están sobrecargados igualmente.
Frente a esto, los jueces de las audiencias provinciales, donde se dirimen recursos y apelaciones, es decir, a donde hoy en día sólo llegan los bancos o grandes empresas que pagan las tasas, se encuentran globalmente en mejores condiciones de trabajo. La sala de lo civil y penal del TSJ, que aborda los casos de corrupción, también se encuentra entre las colapsadas.
En la Comunidad ningún juzgado llega a los límites del mercantil número 2 de Sevilla, por ejemplo, el más atascado de España con una carga del 483%, pero son muchos los que duplican lo que puede considerarse asumible. En Elche, cuatro de los cinco juzgados de primera instancia están entre el 330% y el 363% de carga. El juzgado de lo penal 17 de Valencia dobla el máximo asumible, y el mercantil número 2 de Valencia está al 381%. Al juez titular le llegaron 1.396 casos.
Pese a la contundencia de la radiografía de los juzgados que ha realizado el Poder Judicial, el asunto no sorprende. Desde finales del pasado año 2013, los juzgados de lo social de Valencia ya estaban aplazando juicios para 2016, a 25 meses vista.
más personal ya se ha convertido en una constante de los jueces decanos y las estadísticas dicen que, efectivamente, la plantilla es insuficiente. En este contexto, el colectivo Jueces para la Democracia, concluye que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador, pequeño empresario, miembro de familia o víctima de un delito está «absolutamente desbordada». Una situación que achaca a la «errática» política judicial de los sucesivos Ministerios de Justicia, que hace que España tenga una media de jueces por habitante diez puntos por debajo de la media europea.
En opinión del valenciano Joaquim Bosch, portavoz de la asociación de jueces y magistrados, es «urgente» que el nuevo ministro, Rafael Catalá, cree en la Comunidad 80 nuevos órganos judiciales: con sus jueces, secretarios y funcionarios, lo que exige la «voluntad y acuerdo» del Gobierno y el Consell.
Del mismo modo, insta también al Consejo General del Poder Judicial a evaluar los riesgos psicosociales en la judicatura, a fijar una carga máxima a efectos de salud laboral con un límite de asuntos al mes, a adoptar medidas preventivas en esta materia e informar a los posibles afectados sobre los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común. Según Bosch, el 92,66% de los magistrados confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo que soportan sus juzgados.
