Y el Júcar-Vinalopó salta por los aires. Nueve años después del cambio del proyecto,cambio proyecto incorporando el polémico trazado desde el Azud de la Marquesa, y trece desde que se pusiera la primera piedra de un trasvase que ha costado 400 millones y sólo ha transferido 8 hm3 del río Júcar a Alicante desde que comenzara el envío de agua,8 hm3 el Ministerio de Agricultura está a punto de dar el golpe de gracia a la infraestructura. El viernes acabó el plazo de seis meses que el anterior ministro, el hoy eurodiputado Arias Cañete, fijó con los regantes para tomar una decisión sobre la recuperación de la toma original de Cortes de Pallás. No ha habido respuesta.
O sea, está descartado y, lo que es peor, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó hace hoy diez días al presidente de la Junta, Andrés Martínez, en presencia de la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que el escenario ha cambiado. El Gobierno no puede garantizar ahora la solución del Consell (el envío 12 hm3 de agua potable del embalse de Alarcón para compensar el bloqueo de Cortes) y, por otro lado, las condiciones para el regadío también varían. La presidenta de la Confederación, María Ángeles Ureña, trasladó a sus compañeros de mesa que el Júcar es un río deficitario, por lo que tampoco está claro que se pueda mantener el polémico trasvase desde Cullera.
La Confederación se pliega así a la oposición de los regantes de Valencia y sostiene ahora, paradójicamente bajo un gobierno otrora trasvasista como el PP, que el Júcar no tiene agua, asumiendo la tesis del colectivo que defendió la Nueva Cultura del Agua. Cuatrocientos millones de euros de dinero público tirados a la basura entre el PP y el PSOE y, a partir ahora, el proyecto bajo la lupa de la Comisión Europea, que prestó 120 millones de euros para las obras pero con unas condiciones que no se han cumplido, con lo que, más tarde o más temprano, Bruselas pedirá el dinero. El caudal que llegara a Alicante desde Valencia debía servir para beber y regar y no se ha cumplido.
Por su parte, el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, remitió el pasado lunes sendas cartas al secretario de Estado, Federico Armas, a la directora general del Agua, Liliana Ardiles y al vicepresidente del Consell, José Císcar, trasladando el sentir de los regantes que se sienten «estafados y engañados» -cita textual de Martínez- por el giro que ha dado un tema que se pactó en marzo. El trasvase de socorro, y primero de la historia, de los 8 hm3 se ha pagado a 0,15 euros el metro cúbico porque está subvencionado, ya que el precio del agua era de 0,40 euros/m3. «La única posibilidad es que entren en la operación los ayuntamientos y ahora nos encontramos con que la Confederación nos niega el acuerdo de Alarcón, que era un parche provisional, no quiere ni oír hablar de Cortes de Pallás y tampoco aseguran la de Cullera. Nos sentimos pisoteados», subrayó Andrés Martínez, que incluso barajó la posibilidad de dimitir tras el rejón recibido por la Confederación.
El anuncio de la responsable de la Confederación no fue otra cosa, por otro lado, que la revelación, verbal, de un hecho certificado negro sobre blanco. La CHJ, la misma que prohíbe ampliar regadíos en Alicante y ha impuesto contadores de agua para controlar los pozos del Vinalopó, y el Ministerio de Agricultura dicen ahora que en el Júcar no hay agua para beber en Alicante y para terminar el trazado original del Júcar-Vinalopó. Y ello ha quedado reflejado en el nuevo plan hidrológico del Júcar. Que es el mismo plan, con datos obsoletos, y soluciones técnicas erróneas, que preparó el Gobierno del PSOE, según denuncia Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de Alicante y una de las personas que más encima ha estado del proyecto desde que se gestó la construcción de esta infraestructura.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha terminado las desalinizadoras que impulsó la exministra socialista Cristina Narbona cuando eliminó del Plan Hidrológico Nacional el trasvase del Ebro. Infraestructuras que han costado más de 2.200 millones de euros de fondos públicos hoy enterrados literalmente, al diseñarse para atender unas demandas de agua mal calculadas y sobredimensionadas.
