Los desvanecimientos que han sufrido los alumnos en los primeros días del curso por las altas temperaturas en las aulas se van a trasladar también al Defensor del Menor «para su conocimiento y efectos oportunos», es decir, para que tome buena nota y actúe en consecuencia, tal y como acordó ayer la Junta provincial docente.
Además de confirmar el recurso de alzada presentado contra la resolución de Trabajo que requería la medición de las temperaturas en cada centro para no generalizar la suspensión de las clases por culpa del calor, los representantes docentes insisten en que cada uno de los centros que haya realizado las oportunas mediciones de temperatura «solicite la intervención del INVASSAT para describirle la situación vivida y resultado de las temperaturas».
También exige la Junta que la Conselleria de Educación informe de cuantas actuaciones tenga previsto realizar o bien haya iniciado para tratar de combatir las altas temperaturas.
En su recurso de alzada ante Trabajo hacen hincapié en el incumplimento de la ley de Protección del Menor y subrayan la necesidad de que se adopten medidas preventivas para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones como las vividas en este inicio de curso, en que no pudo cumplirse con la escolarización obligatoria a consecuencia de la falta de condiciones de las instalaciones escolares.
Por su parte, el colectivo de Escola Valenciana ha remitido también a Educación un documento para que se mejoren las infraestructuras escolares en materia de sostenibilidad ambiental y en este sentido reclama a la consellera Catalá que «impulse una ecoauditoría para detectar las deficiencias y establezca un plan de trabajo para conseguir centros educativos adecuados y sostenibles medioambientalmente».
De la misma forma, la FAPA provincial Gabriel Miró propone la revisión de todos los colegios e institutos, »como se hizo en su día para comprobar el estado de las canastas y porterías en las pistas de deporte tras el accidente mortal de un alumno», subrayó Ramón López, el presidente.
