El escándalo por el presunto amaño del plan urbanístico de Rabasa se cobró ayer su primera víctima política. Con la imputada Sonia imputada Castedo enrocada y dispuesta a resistir, la investigación se llevó por delante a una de las figuras más emblemáticas del socialismo alicantino durante las últimas tres décadas: Ángel Francose llevó por delante emblemáticas socialismo alicantino tres décadasÁngel Franco. A riesgo de enfrentarse a medidas más duras, el exsenador y hasta aquí «hombre fuerte» de la agrupación de Alicante aceptó la salida que, con el visto bueno del líder del PSPV Ximo Puig, le propuso el secretario de los socialistas alicantinos, Gabriel Echávarri. Una suspensión temporal de militancia que el propio Franco solicitó de forma voluntaria y que, por extensión, le excluye tanto de su puesto en la dirección provincial como del sillón en el comité federal, los dos últimos cargos orgánicos que le quedaban.
La Policía atribuye a Franco, concejal y portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Alicante cuando los socialistas unieron sus votos al PP para aprobar Rabasa, un papel de «intermediario» para que el constructor Enrique Ortiz tuviera acceso a dirigentes del PSOE -entonces gobernando en Madrid- y desbloquear así el macroproyecto urbanístico, un plan con cerca de 15.000 viviendas y un «pelotazo» de 97 millones para instalar Ikea. Tras desvelar este periódico las referencias que aparecían en ese informe, la cúpula socialista se movió, admitieron fuentes próximas a Puig, porque «era necesario encontrar una solución» a la difícil situación de Franco.
Desde la última hora del jueves y a primera de ayer se sucedieron los contactos. Tanto Ximo Puig como el vicesecretario de Organización, Alfred Boix, mantuvieron conversaciones con Echávarri para intentar pactar esa salida. También estaba de acuerdo el secretario provincial del PSPV, David Cerdán, que conversó con el propio Puig antes de las nueve de la mañana. Había una dificultad. Franco se encuentra, por un asunto personal, de viaje en Colombia y la diferencia horaria evitó acelerar el procedimiento. Fue Gabriel Echávarri, elegido en su día para el cargo con el apoyo de Ángel Franco, el que le telefoneó, con el aval de la cúpula del PSPV, para reclamarle que pidiera la baja temporal de militancia en tanto se aclara la investigación del plan Rabasa, algo que puede durar mucho tiempo y que, por tanto, le acaba apartando de la vida interna de la formación.
Franco, que no está imputado pero que demuestra en las conversaciones una familiaridad total con Ortiz hasta el punto de llegar a conversar sobre asuntos internos del PSOE, asumió la propuesta que le hizo Gabriel Echávarri. El exsenador socialista, aunque la cuestión no se la llegaron a plantear de forma directa porque antes se avino a solicitar esa baja, se exponía a la apertura de un expediente disciplinario. Al mediodía, la dirección socialista emitió un comunicado en el que confirmaba la noticia y en el que, además, intentó trasladar el foco sobre la figura de la alcaldesa Castedo, imputada junto a Ortiz.
«Ella -en referencia a la primera edil- juega el papel principal de la trama de Rabasa. Ningún cargo socialista, ni actual ni pasado, está imputado en este caso», apuntó Gabriel Echávarri, personado como acusación popular junto a EU en este asunto. «Mi compromiso por la transparencia es total frente a un PP inmóvil, que permite que la alcaldesa sume imputaciones por imputaciones cinco delitos graves de corrupción y que, además, siga adjudicando contratos y obras a Enrique Ortiz», destacó Echávarri antes de poner en valor, como después hizo Ximo Puig, las diferencias entre el PP y el PSPV a la hora de reaccionar contra las investigaciones por corrupción. «Todo esto demuestra que los socialistas no somos iguales que el Partido Popular frente a la corrupción. No somos lo mismo, incluso, en un caso en el que ni siquiera hay imputados», zanjó Puig. La situación en las filas socialistas se tensó a lo largo de la jornada. Miembros de la dirección local reclamaron una reunión de la ejecutiva de Alicante para abordar la cuestión pero, de momento, la cúpula local rechaza celebrarla.
