Lejos de dar por cerradas las reclamaciones que contra Educación se han venido sucediendo por no adoptar medidas contra el calor en las aulas, la calificación de «disconfort térmico» acuñada por la consellera Catalá ha recrudecido los ánimos.
Los delegados de CC OO han elevado a la Junta docente la necesidad de exigir responsabilidades penales tanto a quien firme el informe del INVASSAT, por descartar temperaturas sobre el límite legal en los centros educativos, como a la propia consellera por no cumplir con la Ley de Protección del Menor «puesto que se han producido desvanecimientos, vómitos y lipotimias».
Para Francisco García, representante de CC OO en la Junta provincial docente, no se puede permitir a quien ha actuado de forma «irresponsable» -e referencia a la consellera- que «ridiculice y desprestigie al profesorado» en sus demandas por intentar devolver la normalidad a las aulas.
Además de poner en evidencia la «indefensión absoluta de cuantos trabajan en los centros educativos, en lo referido a seguridad y salud», los representantes docentes denuncian que Educación se niega a facilitarles el informe técnico sobre la medición de las temperaturas, por lo que incluso cuestionan que sea «real».
Recuerdan que el primer centro que solicitó oficialmente que se midiera el calor, el Instituto Doctor Balmis de Alicante, no bajó de 31 grados y un 75% de humedad, por eso reclaman que se les facilite el informe original de los técnicos.
Dimisión
El diputado de Compromís, Josep Maria Pañella, apuntó por su parte que Catalá tiene «la oportunidad de reconocer errores y dimitir, o las urnas la sacarán el próximo año».
