El convenio entre el Ayuntamiento de Alicante, Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo se firmó el 25 de octubre de 2010, el mismo día en que se levantó el secreto del sumario del caso Brugal, de donde posteriormente se desgajó el de los presuntos amaños del PGOU. Momentos después de la firma del convenio, la alcaldesa comparecía en rueda de prensa para dar explicaciones sobre los supuestos regalos que, según la investigación, habría recibido del empresario Enrique Ortiz.