Aunque no es la primera vez que Esquerra Unida presenta una iniciativa en el pleno pidiendo la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, el grupo de la oposición que promovió la investigación sobre Rabasa pretende poner a los ediles populares -que siempre han votado en contra en bloque- en la tesitura de pronunciarse en un momento donde reina la división y la incertidumbre en el equipo de gobierno. La agrupación también pedirá una comisión de investigación sobre la tramitación de Rabasa en el pleno, que se celebrará el 30 de septiembre.
No es la única iniciativa que presentará Esquerra Unida, quien también pedirá en las Cortes la paralización de la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que tramita el Consell para que Ikea pueda instalarse en Rabasa, pese a que el plan parcial está anulado por los tribunales. La diputada autonómica Esther López Barceló aseguró que presentará por registro en las Cortes una copia del informe policial sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa dirigida al jefe del Consell, Alberto Fabra, y a la consellera Isabel Bonig. «Si no aprueban paralizar esta ATE, estarán en connivencia política con la alcaldesa», aseguró la diputada, quien exigió a Fabra que fuerce la dimisión de Castedo.
El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, incidió en que su agrupación «es la única que siempre se ha opuesto al Plan Rabasa» y ha venido plantando batalla a los escándalos de corrupción «en cada pleno municipal». «Recuerdo aquel pleno de 2005 cuando PP y PSOE votaron a favor de Rabasa con el único voto en contra de la concejal de EU y Castedo nos acusó entonces de irresponsables», esgrimió Pavón, quien criticó el papel de los socialistas y el anunció de su secretario general, Gabriel Echávarri, de que estaban estudiando pedir prisión provisional para la alcaldesa. «Lo han dicho para tratar de arrebatarnos el protagonismo que no han tenido en este asunto ni tampoco como oposición en todo el mandato», aseguró Pavón, quien considera que el PSOE se personó en la investigación abierta a raíz de la denuncia de EU «para ver de primera mano si su partido (el PSOE) salía salpicado».
El abogado de EU, José Luis Romero, calificó la petición socialista «una barbaridad sin rigor jurídico» y defendió que desde su grupo mantendrán una actuación «rigurosa judicialmente».
