La oposición en bloque pidió ayer la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su nueva imputación y desde el PSOE, el secretario general, Gabriel Echávarri dio un paso más al asegurar que los abogados del partido están estudiando pedir al juez que decrete la prisión provisional para la regidora. El líder de los socialistas en Alicante y abogado de profesión argumenta que concurren dos requisitos recogidos por: «La alarma social que genera la corrupción y el riesgo de que se destruyan pruebas porque la alcaldesa sigue dando órdenes directas a los funcionarios y teniendo un acceso directo a los expedientes».
Además de esta medida, el socialista, acompañado del portavoz municipal, Miguel Ull, dirigió sus reivindicaciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que «expulse a Sonia Castedo del Partido Popular y pase al grupo de no adscritos, y que la mayoría pueda elegir a otro alcalde». En cuanto a Rabasa, Echávarri calificó de error que los socialistas, en un pleno celebrado en abril de 2005, en el que los ediles también se subieron el sueldo, dieran su voto a favor del plan parcial. El líder socialista recordó que su postura es radicalmente distinta y que incluso lograron tumbarlo en los tribunales, con su recurso ante el TSJ. «Entiendo que los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito», aseguró Echávarri, quien incidió en que su formación está en contra de la corrupción «caiga quien caiga» y apuntó, en relación a la investigación judicial, que le «repugna más si ocurre dentro de mi partido». Al respecto, añadió: «Si hubiera imputados, seríamos más duros».
Desde Esquerra Unida, la diputada Esther Barceló y el portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, pidieron, una vez más, la dimisión de la alcaldesa. El grupo de la oposición, del que parte la denuncia por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, considera que «la losa de las sospechas de corrupción es ya insoportable». Pavón avanzó que presentará una moción en el próximo pleno pidiendo una comisión de investigación sobre el presunto amaño del Plan Rabasa y de la llegada de Ikea a esos terrenos, así como la dimisión de Castedo, del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la responsable jurídica de Urbanismo, Isabel Campos.
Desde UPyD, el portavoz municipal Fernando Llopis, coincidió al pedir la dimisión de Castedo, pero quiso puntualizar su desacuerdo con la posibilidad abierta por los socialistas de pedir su ingreso en prisión provisional al entender que es «demagogia» y que «no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas». En cuanto a la regidora, Llopis instó al PP a «actuar y dar una solución» porque, según dijo, «no se puede permitir que se condene a la ciudad a estar sumida en el caos los nueve meses que quedan».
La diputada de Compromís en las Cortes, Mireia Mollà, se sumó a las peticiones de dimisión de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento. «La situación en el Ayuntamiento de Alicante ya venía siendo insostenible desde la imputación de Castedo en el caso Brugal y esta imputación hace insultante que el PP siga manteniéndola en sus cargos», asegura la diputada.
Otros colectivos, como Juventudes Socialistas, también reclamaron la marcha de la alcaldesa tras conocer su nueva imputación judicial.
REACCIONES
GABRIEL ECHÁVARRI, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN ALICANTE
Estoy en contra de la corrupción, caiga quien caiga, porque todavía me repugna más si ocurre dentro de mi partido. Si hay imputados, seríamos más duros
MIGUEL ÁNGEL PAVÓN, PORTAVOZ DE EU
La losa de las sospechas de corrupción es ya insoportable. Castedo debe dimitir de inmediato o evidenciará que antepone su interés al general
FERNANDO LLOPIS, PORTAVOZ DE UPYD
La alcaldesa debe dimitir y el PP no puede condenar a la ciudad al caos. La situación es insostenible y afecta a Alicante porque supone una parálisis
MIREIA MOLLÀ, DIPUTADA AUTONÓMICA DE COMPROMÍS
Es indecente que el PP siga manteniendo a Castedo como alcaldesa. Es un nuevo caso judicial, pero se confirma una manera de gobernar basada en irregularidades y amiguismo
