El drama de los desahucios continúa. Pasado un año de la reforma aprobada por el Gobierno reforma , por imposición de una sentencia de la Unión Europea, el ritmo de desalojos se mantiene, aunque ligeramente inferior a los índices registrados en los años en los que golpeó con más ferocidad la crisis. Según los datos recopilados por este diario en el Palacio de Justicia de Benalúa, durante el primer semestre de este año los juzgados de Alicante ejecutaron un total de 700 desahucios en la capital, cifra en la que se incluyen tanto aquellos que no pudieron pagar la hipoteca, como los impagos del alquiler. El dato supone un ligero descenso frente al mismo periodo del año pasado en el que se contabilizaron un total de 731 desalojos. Durante el año 2013, se practicaron un total de 4.487 desahucios en la provincia de Alicante, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cifra que podría mantenerse a finales de 2014 de mantenerse esta tendencia. Según esa estadística, en el primer trimestre del año la provincia registró un total de 1.587 ejecuciones hipotecarias frente a las 1.154 del año pasado.
El Gobierno tuvo que aprobar el año pasado una reforma de la Ley Hipotecariaaprobar reforma después de que una sentencia del Tribunal Europeo tumbara la anterior legislación ante la indefensión del ciudadano frente a las cláusulas abusivas. Este texto que buscaba adaptarse a la normativa comunitaria recibió otro varapalo de la UE el mes pasado que obligará a una nueva reforma. Sin embargo el ritmo de desalojos se está manteniendo en los dos últimos años. Las cifras no son tan elevadas como las que registró la provincia en los peores tiempos de la crisis (7.617 en 2009 y 8.292 en 2010), pero se mantienen muy lejos de los 2.636 desahucios ejecutados en 2007. El CGPJ acordó empezar a medir ese año con estadísticas trimestrales la carga de trabajo de los juzgados por pleitos relacionados con la crisis.
La cifra registrada en lo que llevamos de 2014 ha sorprendido al personal del Palacio de Justicia, ya que se daba por hecho que este año iban a descender. Sin embargo, en el primer semestre se han tenido que ejecutar un total de 700 desalojos, frente a los 736 del mismo periodo de 2013. A nivel provincial, el CGPJ todavía no ha hecho pública la estadística del semestre. Se trata de procedimientos que ya están juzgados y sentenciados y que aún siguen enviando los juzgados al Servicio Común de Notificaciones y Embargos para que se lleven a la práctica las medidas decretadas por los jueces en sus resoluciones.
Según las estadísticas del Poder Judicial, Alicante fue durante el año pasado la provincia más perjudicada por los desahucios entre las diez de mayor población del país, con una tasa de un desalojo por cada 521 habitantes, siendo además la cifra más elevada de toda la Comunidad Valenciana. De mantenerse la tendencia que se ha tenido en el primer semestre, el año se cerraría prácticamente igual que el anterior.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se consideró ayer que las cifras demuestran que la reforma aprobada el año pasado es un mero parche. La plataforma cuenta con un fichero de cerca de 500 personas que están en riesgo de perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca. «Conseguimos parar casi todos, pero hay casos en que cuando vienen a buscarnos ya es demasiado tarde y no se puede hacer nada», explicaron fuentes del colectivo. Desde la Plataforma se explicó que en estos momentos, la zona con mayor conflictividad de desalojos están siendo Alicante, así como algunas poblaciones de la Marina Alta. «En este último caso, como se trata de poblaciones pequeñas, es más difícil que estos casos trasciendan, a pesar de que se trata de situaciones muy graves porque son familias que se quedan sin casa», explicaron.
