El Ayuntamiento de Alicante mantendrá la actual ordenanza reguladora del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir, las plusvalías, una de sus principales fuentes de ingresos y que acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hasta que haya sentencia firme del Supremo, al que ha presentado recurso. La portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu, dijo ayer que la resolución del TSJ no es firme al estar recurrida y que si finalmente el Supremo no admitiera la reclamación y se tuviera que derogar la ordenanza de plusvalías, se aplicaría la anterior, la que regía hasta hace cuatro años.

Con la decisión del Tribunal Superior de la Comunidad, que admite una reclamación de los promotores por defecto de forma en la normativa, las plusvalías que ha cobrado el Ayuntamiento en los últimos cuatro años quedarían sin efecto, por lo que de entrada tendría que reintegrar el dinero recaudado por este tributo durante todo este tiempo así como los intereses que se habrían generado.

Sin embargo, García-Romeu aseguró ayer que en ningún caso será así porque la sentencia «no tiene efecto retroactivo. Aunque se quisieran acoger, no pueden», afirmó la edil, que no citó ninguna cifra en relación al montante económico que podría suponer esta resolución para un ayuntamiento intervenido con sus arcas municipales muy maltrechas, que ha tenido que pedir dos rescates al Gobierno Central, el último de ellos cercano a los treinta millones de euros.

El impuesto de la polémica grava el aumento de valor de los bienes inmuebles en caso de venta, y es una de las principales vías por las que el Consistorio ingresa dinero ya que el tributo afecta a operaciones relacionadas con viviendas, locales o terrenos.

Tampoco el concejal de Hacienda, Juan Seva, tenía ayer información sobre el dato económico que se maneja al ser éstas unas fechas prácticamente inhábiles, y no poder tratarlo aún con los técnicos del área económica o el interventor. Para este año 2014 el Ayuntamiento tiene previsto recaudar unos ocho millones de euros en conceptos de plusvalías. Este proceso judicial se inició después de que los promotores alicantinos, a través de la patronal Provia, recurrieran la ordenanza ante los juzgados al considerar que perjudicaba sus intereses. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJ les ha admitido la queja.