Museos, archivos, bibliotecas y hemerotecas llevaban varios años demorando la aplicación de este canon para no trabar más la renqueante afición a la lectura en España, pero finalmente ha llegado la normativa europea que obliga a las bibliotecas y demás centros públicos citados a pagar derechos de autor por los préstamos de libros. Vía Real Decreto y en pleno agosto, tanto que ha pillado a los profesionales al frente de las bibliotecas, también de las alicantinas, con el paso cambiado.
Lo único que tienen claro es que entrará en vigor el 1 de enero, y que el proceso ha comenzado pero todo está por clarificar. Incluido cómo puede afectar a los usuarios de la red de bibliotecas municipales de Alicante, casi 220.000 personas en el último año, una cifra de lectores que no deja de crecer desde 2008, año en que eran 140.000 los usuarios.
«Nos formulamos las mismas preguntas que os hacéis los informadores sobre este tema. Sabíamos que iba a llegar, pero aún no sabemos cómo afectará, si será de forma directa o indirecta. Aún es pronto para saberlo porque la disposición se publicó el 1 de agosto en el BOE», explicó ayer la responsable de las bibliotecas municipales de Alicante, Luisa Villacorta, que añadió que ni siquiera entre los propios autores hay consenso en este tema, «algunos opinan que el que un libro suyo esté en una biblioteca ya es una buena publicidad porque la gente lo ve y luego lo puede comprar, pero otros no lo creen así».
La clave es cómo se abonará ese canon por cada préstamo, aunque entiende que irá en los libros, y que en todo caso lo pagará la administración. Villacorta no quiso valorar, dado lo reciente de la normativa, si afectará al número de préstamos o irá vinculado a una menor compra de libros que ofrecer como préstamos en las bibliotecas. «Aún es pronto. Sólo sabemos que iba a afectar tarde o temprano a las bibliotecas, que ha llegado y que somos respetuosos con los derechos de autor».
Según el decreto publicado en el BOE, las bibliotecas tendrán que pagar derechos de autor por valor de 0,004 euros por cada préstamo y 0,05 céntimos por cada usuario que haya retirado al menos una publicación, con la excepción de los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, o las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo, cuyos préstamos estarán exentos.
España fue sancionada en 2006 por el Tribunal de Justicia de la UE por eximir a las bibliotecas públicas de este pago.
