La muerte de un niño de tres años en Altea el domingo al caer en un descuido a la piscina del chalé donde estaba su familia ha reabierto el debate sobre la seguridad en este tipo de piletas. Existen muchas dudas en las propias instituciones sobre quién debe controlar estas instalaciones y ni siquiera el Ayuntamiento conoce cuántas piscinas privadas, que se rigen por la ley de Propiedad Horizontal, hay en la ciudad. A diferencia de otros consistorios españoles, no existe un censo ni una ordenanza municipal al respecto, según reconocieron desde la Concejalía de Deportes, pese a que es el área de Urbanismo la que marca los requisitos para instalar estas piscinas comunitarias, cada vez más numerosas. Así, para las de utilización colectiva hay que presentar un proyecto básico con el consentimiento de todos los propietarios, y para las de uso unifamiliar en chalés o casas privadas no incluidas en el proyecto de edificación hay que presentar instancia firmada por el solicitante y por un técnico responsable de la ejecución de las obras.
El Consell, a través de Medio Ambiente y Administraciones Públicas, sí elabora un registro de piscinas, aunque solo de uso colectivo y parques acuáticos, y realiza inspecciones sorpresa para comprobar si se cumplen las medidas de seguridad, a la vez que se controla la calidad del agua. También hace inspecciones si media algún tipo de denuncia o si se produce algún incidente.
El diario oficial de la Generalitat recoge los requisitos en cuanto al número de socorristas, que son obligatorios en todas las piscinas con más de 200 metros cuadrados y en las comunidades de vecinos con más de cien personas. Si la lámina de agua de la piscina tiene entre 500 y mil metros cuadrados, deberán contar con al menos dos socorristas, y las que exceden estas últimas dimensiones deberán añadir uno más por cada 500 metros cuadrados añadidos. Si la piscina tiene olas deberá sumarse otro.
La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad ya denunció a este diario que en España no existe conciencia del peligro de piscinas y playas hasta que no existe una desgracia, e instó a cambiar la normativa para que la presencia de socorristas en todas las piscinas de uso público, incluidas las urbanizaciones, sea obligatoria, no sólo en las de más de 200 metros cuadrados. Por ahora, las piscinas unifamiliares están exentas de cumplir la normativa.
El coordinador de Piscinas de la Concejalía de Deportes, Enrique Muñoz, explicó que el Ayuntamiento controla las piscinas del Tossal, que tiene dos vasos, por lo que son obligatorios dos socorristas, y Babel, con uno, que se dedican exclusivamente al control de los bañistas. A las piscinas del Centro Gran Vía, Stadio, Arena y Hogar Provincial les obligan a mantener los precios municipales.
