El equipo de gobierno local (PP) aprobó de forma definitiva durante el pleno municipal de ayer la subida de un 3% en una decena de tasas, entre ellas la de la basura -ya acumula un incremento del 9% desde 2012- pese a admitir que las deficiencias en el servicio de limpieza y recogida de residuos. Una vivienda de 100 metros cuadrados pasará a pagar, según la zona, de 31,93 a 56,65 euros. De hecho, la avalancha de quejas vecinales y la presión de la oposición forzó al PP a aceptar la petición de EU y UPyD, con el apoyo del PSOE, de crear una comisión de pleno para realizar un seguimiento del cumplimiento del pliego de condiciones de la contrata adjudicada a UTE Alicante por 32 millones al año.

La subida de este tributo se acompañó del de otra decena de tasas y precios públicos, como la de la grúa o la de las escuelas deportivas e infantiles, del cementerio, del ascensor del Castillo o de mercados, y la modificación de las ordenanzas fiscales para adaptarlas al convenio por el que se cedió el cobro de los tributos a SUMA durante este año. Un acuerdo que también recibió las críticas de la oposición por el adelanto del plazo para pagar algunos impuestos como el de vehículos -desde este mes hasta el 3 de octubre, cuando antes se podía abonar del 1 de septiembre al 31 de octubre-. Los ediles de la oposición también cuestionaron que, frente a la subida de la presión fiscal, el concejal de Hacienda, Juan Seva, asegurara hace unos días que no «hace falta» reclamar al Consell los 6,7 millones de euros que adeuda, desautorizando al vicealcalde, Andrés Llorens, que un día antes se mostró contundente al exigir el pago a la administración autonómica. La alcaldesa, Sonia Castedo, quiso evitar posicionarse al rechazar debatir una moción de EU presentada por urgencia para exigir el pago de la deuda, pero se decantó por su número dos (Llorens) cuando votó a favor de exigir a la Generalitat que abone la deuda con los centros escolares.

La intervención de Seva acusando a la oposición de hacer «demagogia» y defendiendo que la subida del 3% en las tasas es «muy moderada», encendió los ánimos de la oposición. El portavoz del PSOE, Miguel Ull, acusó al equipo de gobierno de «saquear el bolsillo de los ciudadanos», mientras el de EU, Miguel Ángel Pavón, apuntó que algunas tasas habrán subido un 34% en 2022 y llegó a asegurar que se «malversa el dinero». Una afirmación que, más adelante, matizó ante las advertencias de Seva por acusarle de un delito: «Quería decir que se despilfarra», dijo Pavón. Desde UPyD -que se opuso a la subida de la tasa de basura, pero apoyó otras-, Fernando Llopis, acusó al PP de «olvidar lo que le debe el Consell».

El debate económico se mezcló con el de la falta limpieza. Los vecinos del Pla intervinieron para exigir más limpieza sin un mayor coste y denunciar que «pese a que nueve de cada diez personas ve la ciudad sucia o muy sucia, la tasa de recogida de basuras vuelve a subir otro 3%». El mismo argumento sostuvieron los grupos de la oposición, que recordaron que Llorens se vio forzado a rectificar su intención de pagar a la empresa 34.000 euros para un plan de choque en los barrios al ser advertido de que el pliego permitía exigir ese refuerzo sin un coste adicional.

Forzado por las críticas, el equipo de gobierno aceptó crear la comisión de seguimiento de la contrata que le reclamó la oposición, mientras Llorens puntualizaba que «no todo es achacable a la empresa». Tras incidir en que el contrato cuesta 14 millones menos de lo que se venía pagando, aseguró que, cuando dentro de un mes llegue las nuevas barredoras, «la ciudad estará mejor, ya no habrá excusas para exigir a la empresa». El vicealcalde también anunció medidas legales contra el edil del PSOE, Gabriel Moreno, por «injurias y calumnias». Moreno, por su parte, se reafirmó en que el pliego «fue un pacto entre la empresa y ustedes para ampliarlo después por la puerta de atrás».