Los 290 empleados de la Asociación Pro-discapacitados Psíquicos de Alicante(APSA), se van de vacaciones con tres nóminas pendientes de pago debido a la deuda que la Generalitat tiene contraída con la asociación y que asciende a 1.617.760 euros, de los cuales el 44% corresponde a la Conselleria de Empleo y el resto a otras consellerias como Bienestar Social, Educación o Sanidad; y a entidades locales, tal y como apuntó ayer el miembro de la junta rectora de APSA y representante de la Federación de Asociaciones de Discapacitados, Miguel Infantes, durante la presentación de la situación económica de la asociación.

«Ya no podemos más». Con estas palabras, la representante del comité de empresa de APSA, Asunción Muñoz, hizo referencia a los «continuados recortes» en las subvenciones concedidas al sector de la discapacidad y a los «constantes retrasos» en el abono de las mismas por parte de la Generalitat Valenciana, que les adeuda «importantes» cantidades desde el año 2012, según el informe económico presentado por APSA.

Además, Muñoz insistió en que el modelo de financiación de las subvenciones, «es un modelo obsoleto e ineficaz», ya que está sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada conselleria e invitó a la administración a plantearse un nuevo modelo, en el que las subvenciones estén contempladas dentro de los presupuestos generales, consensuado con todas las partes implicadas para la financiación de este tipo de servicios, que son «obligación y responsabilidad pública».

Los portavoces de la entidad declararon que «no existía» un calendario de pagos definido, a excepción de la Conselleria de Bienestar Social de la que esperan cobrar un 30% de su deuda durante el mes de agosto y el 40% restante en el mes de noviembre. A su vez, señalaron que las entidades y los trabajadores de APSA van a seguir luchando y no descartan convocar huelgas más adelante. Hoy la federación tiene prevista una reunión de urgencia para buscar soluciones a esta difícil situación.