Redes de protección desprendidas, tablones corroídos en los balcones, grietas, relieves desgastados o materiales oxidados en puertas y ventanas. Este es el aspecto de deterioro que presenta la fachada y las cubiertas del Ayuntamiento de Alicante, un edificio que está protegido como Bien de Interés Cultural y que data del siglo XVIII. Mientras desde el equipo de gobierno local actúan en otro tipo de inmuebles protegidos para obligar a los propietarios a rehabilitarlos -incluso tratándose de otras administraciones como el Consell con la Casa de las Brujas- en el caso de la Casa Consistorial, el deterioro va a más sin que se tomen medidas para remediarlo.
La concejala de Patrimonio y Conservación de Inmuebles, Oti García-Pertusa, esgrime que hay un expediente abierto por los daños que presenta el edificio y que Atención Urbana, área que «tiene encomendadas las funciones relativas al mantenimiento de los bienes municipales», ha llevado a cabo «pequeñas intervenciones encaminadas a garantizar la seguridad de personas y bienes, eliminando cualquier situación de riesgo». Según la edil, «en la actualidad se puede garantizar que no existe ningún peligro en el edificio, puesto que las partes dañadas están cubiertas por una red de seguridad». Sin embargo, parte de esas redes -algunas comenzaron a colocarse hace cuatro años y otras sean han ido añadiendo posteriormente- están parcialmente desprendidas, como ocurre con la cúpula de la cubierta y la cornisa trasera.
La edil asegura que «se tiene intención de acometer un proyecto de rehabilitación mucho más ambicioso que abarque todas las partes del edificio dañadas», pero esgrime que se llevará a cabo en «cuanto se disponga de partida presupuestaria suficiente para ejecutarlo». Según el vicealcalde y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, por el momento no hay fondos para el proyecto que tendría un coste de en torno al millón de euros.
La postura del equipo de gobierno contrasta con otras actuaciones, como con el expediente abierto al Consell para obligarle a rehabilitar su sede en Alicante -conocida como Casa de las Brujas en el paseo de Gadea- antes de seis meses, bajo amenaza de multa de 30.000 euros si no lo ejecuta.
