Manuel Antonio Velandia, profesor de Sociología y Sexología en la Universidad de Alicante (UA) donde también es doctor en Enfermería y Cultura de los Cuidados, en 2007 tuvo que venir a tierras españolas emigrando de su país natal, Colombia, donde debido a su condición de homosexual y defensor de los derechos de este colectivo era víctima de constantes amenazas. El acoso era tal que en 2002 en Bogotá, la capital colombiana, sufrió un atentado a manos de «grupos armados ilegales» porque le veían como un «líder comunitario» del propio colectivo homosexual.

Con todo esto, Velandia recuerda como «vi toda mi vida, todo lo que tenía en Colombia, reducida a las dos maletas que me traje a España» tras verse «forzado a abandonar el país». Obtuvo el derecho de asilo tres años después de llegar País Vasco donde vivió una temporada antes de trasladarse definitivamente a Alicante donde, además de dedicarse a su actividad docente, ha coordinado la Asociación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGTBI). «Los derechos humanos entendidos como derecho sexuales. Así los concibo y por ellos he luchado casi toda mi vida» afirmó Velandia al cual, a parte de su actividad en Alicante, también cabe destacarle su labor por el colectivo homosexual en su país latinoamericano siendo uno de los fundadores del Movimiento Homosexual en Colombia y miembro del equipo redactor de la Ley colombiana de Parejas de Hecho.

En 2011, el Gobierno colombiano aprobó la ley 1.448, que considera víctimas a aquellas personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves de Derechos Humanos ocurridas «con ocasión del conflicto armado interno» teniendo plasmada la propia ley «el principio de enfoque diferencial», que hace referencia a personas con «características particulares», entre ellas la de «orientación sexual».

Esta legislación en lo que desembocó fue en la creación del Registro Único de Víctimas (RUV) dirigido a tratar de restablecer la dignidad de los afectados y difundir «la verdad de lo sucedido» a través de varias medidas. El propio Manuel Antonio Velandia señala que el objetivo de todo esto es contribuir «a proporcionarles bienestar, mitigar su dolor y preservar, reconstruir y divulgar la memoria histórica de su sufrimiento por los hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado interno».

Velandia, en vistas de su situación y de su historia, decidió solicitar que le fuera reconocida su condición de «víctima de atentado, amenaza y desplazamiento forzado» argumentando numerosas situaciones vividas en su país durante su trabajo en pro de los derechos del colectivo LGTBI, en especial cuando su situación se agravó al denunciar varios casos de explotación sexual de adolescentes cometido por los propios paramilitares: «Los paramilitares se constituyeron en su origen como grupos de limpieza social», recuerda Velandia, quien salvó la vida en el atentado que antes mencionamos que sufrió en su vivienda «porque me encontraba en la otra punta de la casa con respecto al lugar en el que cayó la granada que me lanzaron».

Solo víctimas de la guerrilla

El RUV nace para reconocer a las víctimas de las guerrillas o los paramilitares. Sin embargo las víctimas del narcotráfico o bandas criminales. El proceso es lento y acumula meses de lista de espera.