Una cuenta atrás muy peligrosa. Un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante sobre la evolución de la sequía en la provincia advierte de que la progresiva salinización de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó amenazan con dejar sin abastecimiento de agua potable a una población cercana a 350.000 personas que residen en estas comarcas y la Foia de Castalla, debido que no tienen otra fuente de suministro, por la falta de canalizaciones. La situación más grave la padecen los 200.000 vecinos de los municipios en el entorno de Elda, que captan el caudal dulce del acuífero de Serral-Salinas, donde el agua se extrae a 400 metros de profundidad y el nivel desciende a razón de un metro al mes, por lo cual, según el catedrático Antonio Gil Olcina, en diez años el agua estará completamente salinizada y no servirá para el consumo urbano.
El problema, según recuerda Gil Olcina, es que la solución elegida por el Consell y el Gobierno con el apoyo de un sector de los agricultores para desbloquear el trasvase Júcar-Vinalopó, la captación de 15 hm3 en el embalse de Alarcón, «margina a 350.000 personas, porque no hay infraestructura para elevar el agua, no tiene cobertura legal y además supone pagar tres peajes, lo que dispara los precios. Al Sindicato Central del Tajo-Segura, el pago del lucro cesante a Iberdrola por dejar de turbinar agua y al Taibilla por el uso de la infraestructura», subrayó ayer el exrector de la Universidad de Alicante, quien tildó de «despropósito» todo lo que rodea al Júcar-Vinalopó. «Sólo puede ser viable con la toma de Cortes de Pallás, la que se diseñó en un principio y todo lo que se haga son parches provisionales que no solucionan el problema».
Gil Olcina recuerda, por ejemplo, que el trasvase de socorro desde el Júcar a la provincia finaliza en septiembre. «Los agricultores y los usuarios necesitan una solución de continuidad y el agua que vale para todo está en Cortes de Pallás», aseveró el catedrático. Además, el caudal que se está bombeando desde el Azud de la Marquesa está subvencionado y genera un déficit de unos 350.000 euros por hectómetro cúbico, algo prohibido por la Comisión Europea, la misma que subvencionó las obras del Júcar-Vinalopó con 120 millones de euros a condición de que el caudal que llegue desde Valencia sirva para riego y consumo humano.
El Gobierno aprobó hace dos semanas el plan hidrológico de cuenca del Júcar, que prevé inversiones por valor de 5.460 millones de euros hasta 2027, lo que dejó abierta la financiación de la segunda toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó, que ya tiene cobertura legal si hay voluntad política. Fondos económicos existen y ahora habrá que esperar la decisión técnica que debe acordar la ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, que tiene que pronunciarse en septiembre sobre el compromiso al que llegó en marzo su predecesor, Miguel Arias Cañete con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. La aprobación del plan hidrológico del Júcar da también vía libre a la llegada al Vinalopó de los 15 hm3 de agua desde Cullera (Azud de la Marquesa), lo que ha supuesto reiniciar el trasvase Júcar-Vinalopó, cerrado los últimos 17 meses, para tratar de salvar los cultivos leñosos en las comarcas del Vinalopó. El trasvase acaba en septiembre y ha sido sólo de 8 hm3.
