El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, dispuesta por la Conselleria de Sanidad en 2013, por ser «contraria a derecho». En una sentencia conocida a primera hora de la tarde de ayer, la Sala tumba la orden que obligaba a retirarse a los facultativos y al resto del personal sanitario que sobrepasara la citada edad, dando la razón al sindicato CSI-F, que interpuso un recurso en su momento. La Generalitat tendrá que readmitir a los profesionales que lo soliciten, además de abonarles los sueldos que hubieran dejado de cobrar.

En la orden ahora anulada, publicada el 10 de junio de 2013 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), se recogía la posibilidad de que los profesionales sanitarios prorrogaran su vida laboral hasta los 70 años, pero como una excepción y con unas condiciones muy determinadas. Ahora, en cambio, quiene deseen continuar en activo tendrán muchos menos problemas para hacerlo, tal y como señaló ayer el responsable de Sanidad de CSI-F en la Comunidad Valenciana, Rafael Cantó. Según los cálculos del sindicato, en todo el territorio autonómico hay en torno a mil personas a las que esta sentencia ampara -vendrían a ser unas 300 en la provincia-, de las cuales 165 son médicos.

Desde CSI-F destacaron que la sentencia -contra la que cabe recurso de casación- «reconoce la falta de negociación por parte de la Administración», y recalcaron que el texto dice que «debió llevarse a cabo dicha consulta», ya que «la materia regulada por la Orden afecta a las condiciones de trabajo del empleado público». Incluso, apuntaron, se hace hincapié en que «el órgano específico es la Mesa de Negociación», que no se convocó. Asimismo, el sindicato señaló que el fallo del TSJ «también alude a la necesidad de un informe del Consell Jurídic Consultiu», que igualmente no se pidió. Al respecto, desde CSI-F añadieron que la sentencia recoge una fórmula de «control preventivo de legalidad», y que «la falta de ese informe determina la nulidad radical del texto aprobado».

El responsable de Sanidad de CSI-F consideró «muy positiva» la sentencia, ya que el recurso interpuesto obedecía a que «considerábamos que se estaba perdiendo el mejor potencial humano». Según Cantó, cada médico que se haya visto obligado a jubilarse puede haber dejado de cobrar en torno a 1.000 euros mensuales. En el momento de hacerse pública la medida, la polémica generada hizo que la Generalitat permitiera seguir trabajando a parte de los afectados, algunos de ellos con cargos directivos dentro de la gestión sanitaria.

Entre éstos estaba la que hasta hace unos días era jefa de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan, María Angustias Oliveras, quien pudo de esta forma continuar ejerciendo hasta que cumpliera los 70 años, lo que ha ocurrido recientemente. Al conocer la sentencia, se felicitó de que «otros compañeros puedan ahorrarse la presión por la que pasé» cuando fue conminada a retirarse de forma anticipada. Oliveras recalcó que muchos profesionales «están en condiciones de seguir» a los 65 años y que «se debería valorar cada caso». Además, criticó que «el dinero» fuera el único motivo para las jubilaciones forzosas.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad manifestaron que se están estudiando, junto a la Abogacía de la Generalitat, las acciones pertinentes a realizar al respecto de esta sentencia, según recogió Efe.