La inversión del Gobierno central en la Comunidad Valenciana no se corresponde con su peso económico ni poblacional. Ya se ha denunciado en muchos foros, desde hace mucho tiempo, por activa y por pasiva. Sin embargo, la reivindicación de ayer no tenía parangón. El quién, el qué, el cómo, y hasta el cuándo, daban muestras de que ésta no era una pataleta sin más. Era el resultado de una situación límite, de una combinación de hartazgo e indignación a partes iguales, que, al final, ha llevado a los empresarios a reventar y a dirigir el dedo acusador hacia Madrid para decir basta, acusar al Gobierno central de «ninguneo» y «discriminación insoportable», y exigir a Rajoy más inversiones, por ahora para infraestructuras, aunque ya han prometido que el listado de peticiones y agravios no quedará ahí.

De entrada, los empresarios valencianos protagonizaron un acto de unidad sin precedentes, en el que doce organizaciones cerraron filas para hacer oír su voz: la patronal alicantina Coepa -representada por su presidente, Moisés Jiménez- y la Cámara de Comercio de Alicante -que delegó en su tesorero, Antonio Arias-, junto a Cierval, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Fundación ProAVE, el Consejo de Cámaras de la Comunidad, las Cámaras de Castellón y Valencia, la Federación de Empresas de la Comunidad Valencian-Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval) y la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. El objetivo no era otro que el de denunciar la falta de inversiones por parte del Gobierno, especialmente en lo que a infraestructuras se refiere, y sobre todo en los dos últimos años.

El tono tampoco fue el de siempre. Los empresarios dejaron claro que esta discriminación presupuestaria no responde a criterios técnicos, sino políticos, y que, por tanto, no había otra solución que no fuera política. Daban así un tirón de orejas muy claro a Rajoy, advirtiéndole de que «ya estamos hartos de que nos traten como peleles» o «lo de ser chicos buenos se ha acabado», y le reprochaban al Ejecutivo que en una reunión celebrada en mayo con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, éste cuestionara el maltrato que alegaban los dirigentes de las patronales valencianas.

Sí es cierto que, por boca del presidente de Cierval, José Vicente González, entonaban a su manera el mea culpa al reconocer que «hemos sido siempre leales y muy comprensivos. Ahora les toca a otros comprendernos». Sin embargo, este cambio de actitud y estrategia no llegaba porque sí. Se hacía visible sólo unos días después de la comida que los empresarios valencianos celebraron con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la que fue el propio jefe del Consell quien les empujó a que dieran este paso, y en un momento en el que la Comunidad está intervenida de facto por Madrid.

Fue en este contexto en el que los empresarios valencianos presentaron el documento «Prioridades de Infraestructuras en la Comunidad Valenciana», con un decálogo de reivindicaciones en materia de infraestructuras, y en el que hablan del «Objetivo 10-10-10»: diez prioridades de consenso en materia de infraestructuras, y en el que se incluye el Corredor Mediterráneo o los accesos a puertos y aeropuertos; con un plazo máximo de ejecución de diez años, lo que significa que en los próximos cinco años deben salir a licitación no menos del 75% de los proyectos; y con un 10% del presupuesto estatal.

No en vano, los dirigentes de las organizaciones empresariales exigieron que en los presupuestos generales del Estado la inversión por habitante en la Comunidad pase de los 121 euros actuales a 209 euros, para estar dentro de la media nacional, y que, de cara a 2016, se incremente para recuperar lo que se ha perdido en los últimos años.

Los empresarios tenían previsto remitir ayer una carta a los ministerios de Fomento y Hacienda para demandar una reunión urgente con los representantes de todas las organizaciones, y dar salida así a su malestar y sus demandas. Además, anunciaron la creación de un grupo de trabajo de seguimiento que lance propuestas anualmente y verifique el grado de implementación en los presupuestos generales del Estado y en los autonómicos.

No era un calentón sin más: ahora es el momento de las infraestructuras, pero la estrategia tendrá en continuidad en el tiempo, con peticiones en torno a las telecomunicaciones, las inversiones en I+D+i, la formación, la energía y el modelo de financiación autonómica, como el gran mal de todos los males... Al menos, eso es lo que quisieron transmitir y con eso es con lo que amenazaron.