El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, anunció recientemente que la nueva ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que se prevé aprobar antes de final de año, reconocerá la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios. Este cambio legislativo persigue dotar de «mayor protección» ante «momentos de tensión» que se puedan generar en el ejercicio de las funciones de médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector público.

Esta decisión del Gobierno valenciano supone «un respiro» para los profesionales de la Comunidad, que durante el pasado año fueron objeto de 43 agresiones.

En la provincia de Alicante, según los datos facilitados por el Colegio de Médicos, se registraron un total de 26 agresiones a médico en 2013s, la mayoría (24) contra profesionales de la sanidad pública. En el último año, en contra de la tendencia nacional, las agresiones contra médicos en la provincia aumentaron casi un 10%. Las principales causas de estas agresiones fueron de dos tipos: no recetar el medicamento propuesto por el paciente o discrepancias personales, seguidas de la emisión de informes médicos no acordes con las exigencias del paciente.

De esta manera, el reconocimiento de «autoridad pública» para los profesionales sanitarios que trabajen en centros del Sistema Nacional de Salud significa, a juicio de los médicos, un refuerzo a su trabajo. «Es un respiro para nosotros, una ayuda para trabajar más tranquilos porque queremos creer que cuando los pacientes sepan que agredirnos es un delito y no una falta evitarán hacerlo», explica el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Alicante, José Pastor.

En la actualidad, según explica Pastor, un acuerdo con la Fiscalía ha permitido que las últimas agresiones denunciadas en la provincia se hayan tratado como delitos. «Sin embargo, que la condición de autoridad pública se reconozca por ley certifica un acuerdo que en cualquier momento se podía revocar», añade Pastor, quien espera que la protección se amplíe también a los profesionales sanitarios que no trabajan para el sistema público, «y que quedarán fuera de la ley que ahora tramita la Generalitat Valenciana».