El Ayuntamiento de Alicante tendrá que repartirse a medias con la Generalitat el suelo que, en cumplimiento de la ley urbanística, Enrique Ortiz debe ceder a la administración pública en los terrenos de Rabasa en los que se prevé instalar Ikea. De esta forma, la administración local no percibirá el 10% del aprovechamiento urbanístico como es habitual en los planes urbanísticos que tramita, sino el 5%. El Consell entiende que, al asumir parte de la gestión, le corresponde la otra mitad -el 5% restante- y así lo ha reflejado entre las condiciones que ha puesto en su declaración del proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE).
El suelo a repartir se ubicaría en las parcelas destinadas al parque científico o centro comercial, que en total tienen una superficie de 549.000 metros cuadrados. El 10% del aprovechamiento urbanístico de ese espacio se dividirá a partes iguales entre el Ayuntamiento y el Consell, de modo que cada administración dispondría de un máximo de 26.000 metros cuadrados de edificabilidad.
Para el Ayuntamiento de Alicante supone perder la mitad del porcentaje de aprovechamiento de suelo con respecto a otros planes urbanísticos y al mismo Plan Rabasa inicial, con el que tenía atribuido un 10% del suelo. Después de que los tribunales anularan el polémico Plan Rabasa, la empresa Alicante Avanza optó por solicitar que el proyecto se tramitara como una Actuación Territorial Estratégica para hacerlo viable. Se trata de una herramienta urbanística que tramita el Consell y a eso se aferra la administración autonómica para reclamar su parte del pastel.
Hace unos meses, en un informe preliminar, la Conselleria de Economía planteó que debía valorarse la posibilidad de que todo o parte del aprovechamiento urbanístico que por ley debe ceder el promotor repercutiera en la Generalitat. Desde el Ayuntamiento de Alicante salieron al paso defendiendo que debía recaer íntegramente en la administración local teniendo en cuenta que el aprovechamiento se define en la fase de reparcelación, que se tramitará desde la administración local. La Conselleria de Infraestructura, en los condicionantes aparejados a la declaración de la ATE (el Consell la aprobó el pasado día 20 de junio), pone fin a la pugna estableciendo claramente que ambas administraciones son competentes en el seguimiento y la tramitación, por lo que establece que del 10% del aprovechamiento, un 50% le corresponde a la Generalitat y el otro 50% al Ayuntamiento.
La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, no quiso entrar ayer a valorar la decisión del Consell y se limitó a asegurar que «hemos recibido la información sobre cuál es la tramitación a seguir de la ATE, que es la primera vez que se lleva a cabo».
El sector en el que se proyecta la actuación tiene una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados, si bien la superficie lucrativa -sobre la que se aplica el porcentaje de aprovechamiento a ceder a la administración- es de 549.000 metros cuadrados destinados a usos tecnológicos o comerciales. Aunque todavía queda por definir dónde se localizará el suelo que perciban las administraciones, desde Alicante Avanza plantean que «preferiblemente» se localice en la parcela de 140.000 metros cuadrados de parque científico con el objetivo de que se pueda «generar patrimonio público para destinarlo a actividades económicas en colaboración con instituciones académicas», teniendo en cuenta que los usos previstos en la zona permitirían ampliar en ellos la Universidad de Alicante.
Con todo, fuentes urbanísticas apuntan que el disponer de aprovechamiento en suelo comercial o tecnológico puede resultar más rentable que poseer un porcentaje mayor, pero en suelo residencial, teniendo en cuenta la actual crisis del sector de la vivienda.
Al margen del 5% del aprovechamiento del suelo que obtenga el Ayuntamiento, en principio la administración local será la destinataria del parque público de las Lagunas de Rabasa, de 800.000 metros cuadrados, así como de todos los equipamientos públicos.
