La migración de jubilados nórdicos hacia la Costa Blanca podría desaparecer por la falta de planificación urbana, según el estudio «La costa de los jubilados», que presentó ayer el profesor de la Universidad de Valencia Joan Carles Membrado. El informe, publicado en la revista Métode, concluye que si los políticos de la provincia de Alicante no trabajan de una forma más racional y sostenible que la actual, los inmigrantes jubilados que viven en la zona podrían no tener reemplazo cuando regresen o envejezcan y mueran.
En concreto, Membrado apunta que «la falta de una planificación urbana adecuada, que habría hecho posible el control de los excesos de los promotores, ha conducido a la construcción incontrolada de extensas áreas suburbanas, lo cual a su vez ha infligido un daño irreversible al medio ambiente y al paisaje con la pérdida de campos, montañas y bosques».
Según el autor, las deficiencias producidas por la superpoblación y superurbanización de la Costa Blanca podrían ser la causa de la pérdida de esta población, que ha creado una considerable riqueza a corto plazo en la zona.
Entre las medidas que propone el autor para evitar la disminución de la población de inmigrantes del norte de Europa se encuentra la mejora de infraestructuras, conectando las urbanizaciones periféricas con los centros urbanos a través del transporte público, paseos y carriles-bici, además de dotarlas de zonas verdes y servicios públicos.
El estudio del profesor Membrado señala que estas actuaciones podrían también ayudar a solucionar la falta de cohesión territorial y social entre los inmigrantes noreuropeos y la población local.
El 1 de enero de 2014, los datos provisionales del INE registraban 110.613 jubilados residentes en la Costa Blanca, lo que significa 40.000 menos que el año anterior. No obstante, el profesor Membrado asegura que esta drástica disminución está causada principalmente por la depuración del padrón de extranjeros realizada este año por el organismo estadístico.
En el litoral de la Marina y la Vega Baja el «turismo residencial» fue promovido por las autoridades públicas y por las grandes empresas de la construcción, produciéndose una superurbanización del territorio. Membrado considera que los promotores inmobiliarios concentraron a los compradores extranjeros de la misma nacionalidad en ciertas áreas «para conseguir la optimización de recursos y costes, y trataron de vender cada urbanización en un solo país».
