La sentencia del TSJ valenciano que considera irregulares centenares de declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Conselleria de Medio Ambiente porque las realizaron «de facto» los técnicos de la empresa pública Vaersa deja en el aire proyectos urbanísticos e infraestructuras emblemáticas desarrolladas desde 2003. Fuentes de la CGT, sindicato que ha colaborado en el recurso de Intersindical Valenciana ante el TSJ, revelaron ayer que entre las iniciativas ahora cuestionadas se encuentra el Plan General de Alicante, que en la actualidad está siendo investigado por la justicia dentro del caso Brugal, así como los PAI de Sociópolis en el barrio de la Torre de Valencia y Porxinos en Riba-roja (ya anulado), y el aeropuerto de Castellón.
Desde la CGT aseguraron que van a instar al TSJ «a la revisión de oficio» de todos los proyectos que consideren «sospechosos» y que fueron aprobados con declaraciones de impacto ambiental realizadas por técnicos de Vaersa. Además, solicitaron a la Generalitat acciones contundentes para depurar responsabilidades ante el desaguisado jurídico y administrativo provocado. No descartan acudir por la «vía penal» por esta actuación que el Tribunal Superior de Justicia ha considerado una «vía de hecho», «una pura actuación material, no amparada ni siquiera aparentemente por una cobertura jurídica». De momento, la justicia ya ha ordenado a la Conselleria de Medio Ambiente que cese esta práctica que puso en marcha Rafael Blasco como conseller de Territorio en 2003 y que está recurrida desde hace 6 años.
Desde el sindicato CGT explicaron que Sociópolis, el PGOU de Alicante o algunos PAI de Marina d'Or habrían sido aprobados gracias a informes hechos exclusivamente por técnicos de la empresa pública Vaersa, pero que debían haber realizado funcionarios de la Generalitat. Pero como contó ayer este diario y refleja la propia sentencia hay centenares de proyectos que estarían afectados por esta práctica.
EU: «Mecanismo de corrupción»
El diputado de EUPV Lluís Torró aseguró que la sentencia «demuestra a las claras cómo el PP se las apañaba para sortear el procedimiento administrativo y evitar que funcionarios con criterios independientes pudieran obstaculizar determinados proyectos urbanísticos».
Según Torró, para aprobar estos planes «se presionaba a los trabajadores de Vaersa, técnicos muy competentes que no tenían suficiente independencia respecto al poder político que los había contratado». En definitiva, añadió, «se ve con claridad cómo funcionaba el mecanismo de corrupción para el PP, como había dos vías para tramitar expedientes urbanísticos».
