El Consell de Alberto Fabra quiere que Andrés Llorens renuncie a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Alicante. La portavoz de la Generalitat, María José Catalá, fue muy explícita durante su comparecencia matutina de ayer tras el pleno del Ejecutivo. «Lo que desde el Consell reclamamos y lo que la ciudadanía también reclama es tolerancia cero con la corrupción», afirmó al ser cuestionada sobre la situación del concejal popular. Repreguntada al respecto, apostilló: «Lo recomendable es que exista tolerancia cero con la corrupción».
Catalá se postuló en estos términos escasos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para el responsable del área de Atención Urbana por haber adjudicado la remodelación de una plaza después de su inauguración. El ministerio público le acusa de falsedad documental y prevaricación.
Catalá no se separó ni un milímetro de la línea que marcó su antecesor, José Císcar. «Las actas de los concejales son personales, pero Fabra ya ha manifestado su tolerancia cero con la corrupción», remachó de nuevo. La también consellera de Educación sí quiso recordar que cada vez que un alto cargo de la Generalitat ha sido imputado en algún proceso judicial, el presidente «siempre ha adoptado una decisión clara»: relevarle de su puesto.
Mientras, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salió ayer en defensa de su número dos en el Ayuntamiento -tres días después de que se conociera la petición de pena del fiscal- para respaldarle en su decisión de no dimitir del cargo. «Le apoyé y le seguiré apoyando», remarcó la regidora, quien apuntilló que «todos los que conocemos la historia, incluidos los vecinos, sabemos como sucedió», respaldando así los argumentos del vicealcalde.
Celeridad para el juicio
Castedo también apoyó a Llorens en su reivindicación de que el juicio se celebre con celeridad «para que se quite esa losa de encima». «Yo también lo pedí», aseveró la regidora aludiendo a un «linchamiento mediático» y a su cambio de opinión sobre el hecho de estar imputado en una causa: «Creía que te daba garantías, pero ahora creo que estar imputado es estar condenado durante años y si en el juicio sales absuelto, da exactamente igual. No debería demorarse tanto, porque al final no tienes derecho a que nadie repare el daño», apuntilló.
En cuanto a las acusaciones de otro de los ediles populares, Juan Zaragoza, en torno a Llorens -sembró la duda sobre su gestión al frente de Atención Urbana-, la alcaldesa no quiso realizar valoraciones y apuntó que la apertura o no de un expediente disciplinario está en manos del partido. Sin embargo, ese expediente no podrá llevarse a cabo, ya que Juan Zaragoza no es afiliado de la formación, según pudo confirmar ayer este diario. El concejal díscolo entró en las pasadas listas electorales en el número 16 como independiente, por lo que formó parte del gobierno municipal desde el primer momento, aunque nunca tuvo competencias asignadas.
La no militancia de Zaragoza en el PP impide que el partido pueda tomar medidas disciplinarias en su contra, como la apertura de un posible expediente. En cambio, el grupo municipal -liderado por la alcaldesa, Sonia Castedo- sí puede echarlo y obligarle a ejercer como concejal no adscrito. «La iniciativa ya no puede partir del PP, sino del grupo municipal», señalaban ayer desde el partido.
