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Sanidad incluye el tratamiento de la adicción a la tecnología en el sistema público de salud

El anteproyecto de la nueva Ley de Salud de la Comunidad prescribe para la obsesión por el móvil y los videojuegos el mismo tratamiento y consideración sanitaria que para las drogas

Sanidad incluye el tratamiento de la adicción a la tecnología en el sistema público de salud

El abuso de las nuevas tecnologías móvil, videojuegos o internet, se incluye como una más de las enfermedades del sistema público sanitario de la Comunidad Valenciana y como tal recibirá tratamiento, consideración y medidas preventivas.

Así lo contempla el anteproyecto de la nueva Ley de Salud de la Comunidad, un compendio de toda la normativa sanitaria que acaba de salir a exposición pública y con la que la conselleria pretende «mejorar la relación con el ciudadano, garantizando sus derechos y deberes», tal y como se expresa en el preámbulo.

En la misma línea que el abuso de las nuevas tecnologías sitúa también Sanidad el juego patológico, trastornos con idéntica calificación de «adictivos» y que «merecerán especial interés por parte del sistema educativo, sanitario y social». Se contempla la promoción, además, de medidas destinadas a eliminar esas conductas adictivas y sus consecuencias, porque interfieren de modo significativo en las actividades habituales del usuario, así como en el entorno familiar, económico y social.

Para financiar estos tratamientos, el nuevo texto legal ante el que pueden presentarse alegaciones durante los próximos quince días, apunta que se podrá incrementar la dotación presupuestaria a través de las sanciones económicas impuestas por las infracciones cometidas contra la salud pública en materia de alimentación y nutrición o seguridad ambiental en general.

También se exige que las localidades de más de 20.000 habitantes deberán «aprobar y ejecutar un Plan Municipal sobre Trastornos Adictivos», que incluya prevención e inserción social, así como que consignen sus propios presupuestos «específicos», para abordar los tratamientos en materia de drogodependencias, como el tabaco y el alcohol, «y otros trastornos adictivos» como los relacionados con las tecnologías. Los municipios de menos de 20.000 habitantes también deberán tener estos planes pero podrán agruparse para crear «unidades destinadas a la prevención de conductas adictivas».

Ambigua

Calificado por los responsables del departamento que dirige Manuel Llombart como «uno de los proyectos sanitarios más ambiciosos, porque permite refundir siete leyes en una única Ley» y favorecer una «mayor agilidad», para los profesionales sanitarios consultados al respecto resulta «demasiado ambigua».

Entre otros extremos, y pese a contemplar «garantías de no demora» en la asistencia sanitaria, el texto adolece de plazos máximos para la realización de pruebas y, por lo mismo, de las listas de espera. Se limita a redirigir al respecto hacia lo que considere la sociedad científica: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

También echan en falta la participación ciudadana real, puesto que Sanidad la circunscribe a los consejos de salud que ya existen pero no han llegado a funcionar porque su «composición y funcionamiento se desarrollará por vía reglamentaria», como dice la ley.

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