«Mi tía, reconocida gran dependiente, falleció hace dos años esperando que la Conselleria de Bienestar Social resolviera el Programa Individual de Atención (PIA). Ahora tengo miedo de que me pase lo mismo con mi madre, también dependiente y que está a la espera de que la Generalitat dé el visto bueno a su PIA. Esto es una vergüenza». Araceli Lalinde reconoce estar «cansada» de «tanto papeleo» y de que «los que mandan» se «rían» de los dependientes y de sus familiares. Ella y su hermana, vecinas de Alicante, están en la actualidad a cargo de su madre, dependiente de grado dos que tiene reconocida una prestación mensual de unos 300 euros. «Sin embargo, aún no hemos visto ni un duro...», añade Araceli. La situación que está viviendo ahora con su madre no le resulta nada nueva, ya que hace poco sufrió el mismo caso con su tía.
Su familiar, que falleció en mayo de 2012, estuvo dos años esperando a que la Generalitat Valenciana resolviera su programa individualizado, en el que se había consensuado una prestación mensual de 400 euros. «Cuando su avanzada edad le impedía valerse por sí misma, al empezar a deteriorarse, la ingresamos en una residencia de personas mayores, pero ahí apenas duró dos días y se los pasó llorando. Para nosotras, era como nuestra segunda madre porque nos hemos criado también con ella, así que decidimos traerla de nuevo a casa, y ponerle una persona para que pudiera cuidar de ella, mientras mi hermana y yo trabajábamos», continúa Araceli, quien denuncia los «interminables trámites» a los que les «condena» la administración para «retrasar todo lo posible» el pago de las prestaciones.
«Al final, a la espera de que aprobaran el PIA, mi tía murió sin recibir ni un duro para su cuidado. Dos años en los que la Generalitat se rió de nosotras, nos decían que el caso estaba en trámite, nos pedían paciencia y que no nos desesperábamos...», subraya la afectada, temerosa de que la situación se repita con su madre, que está a la espera de que se apruebe su prestación desde principio de 2012. «Tenemos a una persona interna de lunes a sábado, que junto al resto de gastos, nos supone 2.000 euros al mes. Nos da rabia que haya dinero para lo que los políticos quieren y no para ayudar a las personas que lo necesitan», enfatiza Araceli, que no descarta denunciar en breve el caso de su madre ante la justicia. «Con mi tía me moví todo lo que pude, con escritos a la conselleria y al Síndic, pero no sirvieron de nada», concluye la afectada.
El caso de su tía se encuentra entre los 14.000 dependientes de la provincia que han muerto desde el año 2007 sin recibir la prestación por parte de la Generalitat, según denuncia la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia, que elevan la cifra de fallecidos a unos 35.000 a nivel autonómico.
Una situación similar vivió Juan José Moragues con su suegro. «Murió en febrero del pasado año, a los 84 años de edad, después de estar más de dos años esperando que la Generalitat empezara a pagar su prestación de 450 euros. Él estaba reconocido como dependiente de grado dos, y nunca recibió ningún dinero de Bienestar Social», denuncia Moragues, quien estima que la Generalitat debe a los herederos unos 16.000 euros por el impago de la deuda adquirida con su suegro. «La decisión del TSJ es un golpe a los familiares de dependientes, pero yo voy a buscar fórmulas para que nos paguen lo que nos deben. Es una cuestión de orgullo», añade el yerno del dependiente fallecido.
En nombre de su suegro, Juan José presentó dos reclamaciones ante la conselleria de Bienestar Social... «Y aún estamos esperando que nos contesten. No recibimos respuesta a ninguna de las dos». Con este camino recorrido, asegura que hará todo lo que esté en sus manos para que la Generalitat salde la deuda que tiene con su familia. «Si hay que reclamar por la vía de la responsabilidad patrimonial, lo haremos. Pero no me voy a quedar parado», puntualiza.
Manoli Cabrera (madre de Cayetano)
«Me dijeron que tardarían como mucho seis meses, y llevamos tres años»
Cayetano es un pequeño autista de nueve años. Su madre, Manoli Cabrera, acudió hace tres años a solicitar una ayuda para su hijo. «Me dijeron que iba a tener suerte, que ahora tardaban menos. Como mucho, seis meses...», asegura Manoli, que aún espera una respuesta de la administración. «Han venido otras resoluciones de dependencias, pero no la de mi hijo. Nadie se explica qué ha pasado», señala, sin perder la esperanza. «¿De dónde vamos a poder pagar un colegio privado?», se pregunta la madre del menor. Después de tres años, la asistenta ya no sabe qué decirles.
A través de la Asociación de Discapacitados Vega Baja (ADIS), ha encontrado un hombro en el que consolarse y contar sus penas a otras familias con problemas. El curso próximo espera que su hijo entre en el Oratorio de Orihuela, ya que el inspector de Educación ha hecho un dictamen favorable. «Estamos en el culo del mundo. Aquí, en la Vega Baja, no hay nada para mi hijo, esto no es Valencia. Pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por Cayetano. Es mi hijo».
