La decisión del Tribunal Superior de Justicia de negar que los herederos de los dependientes fallecidos tengan el derecho a cobrar la prestación ha supuesto un «golpe» para las familias afectadas, según reconocen desde las asociaciones de dependientes.
Los afectados no entienden que el tribunal, a la hora de unificar los criterios ante las contradicciones de dos de sus secciones, haya optado por avalar la tesis que defiende la Generalitat. El TSJ, tras una reunión celebrada a principios de este mes, defiende que si el Programa Individual de Atención (PIA) no está resuelto por el propio Gobierno valenciano no existe el derecho a cobrar los retrasos generados por los impagos de Bienestar Social de la prestación de la dependencia.
No obstante, los afectados se quieren agarrar a las dos vías que quedan abiertas para reclamar las cantidades que les adeuda la Generalitat. «Ahora tenemos dos alternativas: acudir por la vía de la responsabilidad patrimonial o ir directamente al Constitucional», recuerdan desde las plataformas, que subrayan a su vez los votos particulares del TSJ a los que se sumaron cinco magistrados. «¿Cómo es posible que un juez -Rafael Pérez Nieto- diga que la decisión del pleno de la sala es inconstitucional e ilegal y no pase nada?», se preguntan los afectados, convencidos de que la lucha de los dependientes no se va a parar ahora.
