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Catorce mil dependientes de la provincia han muerto sin recibir la prestación del Consell

Las asociaciones de discapacitados critican con dureza que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dé la razón a la Conselleria de Bienestar Social al negar a los herederos de los fallecidos el derecho a cobrar la deuda

Catorce mil dependientes de la provincia han muerto sin recibir la prestación del Consell

Unas 14.000 personas dependientes de la provincia han muerto desde el año 2007 sin haber percibido la prestación aprobada por la Generalitat Valenciana, según denuncian desde la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia, que elevan la cifra a unas 35.000 a nivel autonómico.

Con estos datos sobre la mesa, los afectados critican que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) haya avalado la tesis que defiende el Gobierno valenciano al negar que los herederos de los dependientes fallecidos tengan derecho a cobrar la deuda, siempre que no se haya resuelto el Programa Individual de Atención (PIA), que establece el tipo de ayuda -económica o de servicio- que debe recibir el dependiente. «La Generalitat está retrasando a propósito la resolución del PIA para no tener que dar la ayuda a los dependientes, incumpliendo los plazos que tiene marcados por ley. Es una barbaridad que la justicia se ponga de lado de la conselleria y no apoye a los débiles», señaló ayer el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alicante, Miquel Martorell.

Los afectados, una vez resuelto el grado de dependencia, deben presentar, consensuado con un trabajador social, el Programa Individual de Atención para determinar la ayuda que tienen que recibir de la administración. «Y aquí se genera el problema, porque se paran de manera deliberada estas resoluciones. Con este procedimiento, y ahora con el aval del TSJ, retrasan todo lo que pueden el pago de las prestaciones a los dependientes», añade el coordinador Estatal de las Plataformas Ley de Dependencia, Jaume-Esteban García Vilar, quien añade que «la Generalitat ha paralizado la firma de los PIA, ahorrándose el dinero de los que vayan falleciendo».

Desde la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia aseguran que, en la actualidad, unas 5.000 personas de la provincia -alrededor de 13.000 en toda la Comunidad- están a la espera de que Bienestar Social resuelva la tramitación de la ayuda. Este diario solicitó ayer por escrito a la conselleria de Sánchez Zaplana los datos de afectados en la provincia, aunque no obtuvo respuesta.

Representantes de asociaciones de discapacitados se mostraron indignados con la resolución del TSJ, calificándola de «fraude», como indicaron fuentes del Cermi de la Comunidad. Por su parte, desde la plataforma de afectados de Alicante, Martorell subrayó la «insensibilidad» de la Conselleria de Bienestar Social por «retrasar el pago» de la prestación a los dependientes. «Nos hemos llevado una gran decepción con la consellera. En Alicante tenía buena fama entre los colectivos sociales, pero una vez en Valencia se ha quitado la máscara y se ha comprobado que todo era mentira», afirmó Martorell.

Por su parte, el coordinador de las plataformas resaltó que en torno al 70% de los dependientes de la Comunidad tienen más de 65 años. «Cuanto más retrasen la concesión de la ayuda, más probabilidad hay de que fallezcan. Así rebajan ellos las listas de espera», concluyó García Vilar.

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