La pieza sobre sobre la contratación de la Generalitat con Gürtel para montar los pabellones de la Comunidad en Fitur tiene su origen en una investigación iniciada en la Audiencia Nacional hace cinco años. El procedimiento, después de un lustro, sufrirá un parón cuando toda la investigación había ya terminado con fecha marcada para el inicio de la vista oral, que se iba a alargar durante seis meses. La resolución admite recurso de casación ante el Supremo. No será ejecutiva hasta que sea firme. Y, además, posteriormente está por ver la decisión que toma la Audiencia Provincial de Valencia o si la causa acaba en la Audiencia Nacional como alguno de los imputados sugiere con el objetivo de ir retrasando el procedimiento. Todo comenzó el 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación contra una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, que operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia. Ese mismo día, dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market -la filial valenciana de la trama, dirigida por Álvaro Pérez El Bigotes- para la citada fera. La Audiencia Nacional remitió la práctica totalidad del procedimiento al Tribunal Superior de Madrid, al haber aforados de su Asamblea, excepto la causa de los trajes, que concluyó en Valencia en enero de 2012 con la absolución del expresidente Francisco Camps y también del que fuera su segundo Ricardo Costa.
