El dueño de la Torre Placia, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y situada en la zona del golf de la Playa de San Juan, ha encargado un informe de derribo y otro de seguridad con el fin de proceder a la demolición de las viviendas de la urbanización Azalea Golf situadas en el entorno de protección del monumento, fijado en 25 metros por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según confirmaron a este diario fuentes cercanas a la propiedad.
La propiedad de la Torre Placia ha decidido encargar dichos informes tras recibir recientemente una notificación del Tribunal Supremo donde se acuerda la «inadmisión» del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Alicante contra el auto del TSJ de mayo de 2013 en el que se requería al Consistorio para proceder en el plazo de tres meses a la demolición «de cuantas construcciones, obras o viviendas vulneren el espacio comprendido en un radio de 25 metros» desde el monumento protegido. El Supremo, que condena al Ayuntamiento a pagar las costas, dice que el auto recurrido no es susceptible de recurso de casación.
La propiedad de la Torre Placia entiende que la ley le faculta a ejecutar la sentencia al no hacerlo el Ayuntamiento y su intención es facturar el coste de los informes y del derribo a los condenados en este contencioso, el Consistorio y la cooperativa de la urbanización.
El Ayuntamiento de Alicante asegura no tener constancia del proyecto de derribo y considera que es la entidad local, sobre la que recae la sentencia del TSJ, quien tiene la potestad de hacerlo y ejecutar el fallo. En cualquier caso, desde la Concejalía de Urbanismo aseguran que su intención no es derribar las viviendas, al menos por el momento. Al respecto, desde la Concejalía de Urbanismo indican que comunicarán al tribunal autonómico su intención de trasladar el monumento a otro espacio, en concreto a una zona verde de la avenida Pintor Pérez Gil para evitar así tener que demoler las casas.
La edil del área, Marta García-Romeu, explica que la administración local ha pedido autorización a la Conselleria de Cultura para poder cambiar de ubicación la torre con el fin de evitar los derribos así como las indemnizaciones a los propietarios a las que el Ayuntamiento de Alicante debería hacer frente si, finalmente, se echan abajo las viviendas afectadas.
En el caso de que Cultura autorizara el traslado, el procedimiento también sería costoso para las arcas municipales, que deberían hacer frente a la compra del monumento, a su rehabilitación y a los costes del traslado. Pese a ello, fuentes de Urbanismo sostienen que sería la opción más ventajosa para la administración local y para los dueños de las casas afectadas.
La resolución del Supremo era esperable dentro del Ayuntamiento que, con su recurso, logró ganar tiempo para plantear esta alternativa del traslado. En estos momentos, hay otro procedimiento judicial en el TSJ acerca del entorno de protección de la torre que sigue sin resolverse y que, según fuentes municipales, podría influir en este asunto.
