El Consejo Autonómico de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana ha encargado un informe jurídico sobre la recien aprobada ley urbanística para conocer el alcance real que tendrá el traslado a la rehabilitación de la polémica figura del agente urbanizador, fuente permanente de conflictos y demandas durante los últimos 15 años, con denuncia expresa de la propia Comisión Europea, por los abusos que se cometieron con pequeños propietarios del suelo. José Sales, presidente del Consejo, se mostró ayer prudente, a favor de la rehabilitación, pero «antes de pronunciarme abiertamente quiero conocer los resultados del informe y la interpretación que se hace de la ley, porque el propio enunciado en el tema de la rehabilitación tiene sus matices». Sales considera, no obstante, que, en principio, la nueva legislación puede estar dirigida a impulsar actuaciones más grandes y ambiciosas relacionadas con la regeneración integral de zonas degradadas de la ciudades, incluidos viales, pues así lo define el apartado en el que se recoge la rehabilitación.

Según la Conselleria de Infraestructuras, sólo en la provincia de Alicante se calcula que habría que modernizar 32.000 viviendas en los dos próximos años, lo que puede generar una inversión de 250 millones de euros. El Consell sostiene que en el conjunto de la Comunidad Valenciana, el subsector de la rehabilitación puede convertirse en un motor de empleo hasta 2025, con la mejora de cerca de 300.000 viviendas; dos mil millones de inversión y la creación de 95.000 empleos.

El pleno del Consell aprobó el viernes el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). La nueva ley facilita la entrada de la iniciativa privada, de un tercero, en la rehabilitación de edificios, con o sin vecinos, y zonas degradadas de las ciudades, aunque la consellera Isabel Bonig asegura que con la total seguridad jurídica para el propietario y mediante un procedimiento de pública concurrencia. La rehabilitación es una de las apuestas del Consell para reactivar el sector de la construcción. El objetivo principal de la ley es, según explicó Bonig, simplificar y reducir la complejidad y dispersión de la normativa urbanística vigente, y para ello funde la ley Urbanística Valenciana, la de Ordenación del Territorio y otras tres leyes más.