El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer en Alicante la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el que se tendrán que integrar todas las desaladoras en fase de construcción, entre ellas las de Torrevieja y Mutxamel, que, según denunció, han supuesto un fracaso tras un desembolso de 2.000 millones de euros a los que hoy no se puede sacar rendimiento, pero que deben ponerse en marcha para cumplir con la legislación europea. Arias Cañete subrayó, en este sentido, que «los cálculos para planificar las desaladoras por aquellas ínfulas ambientales fueron erróneos, ya que, de un precio de 0,30 euros/m3 que se anunció para el agua desalada, hoy no sale por menos de 1 euros el metro cúbico, algo que no puede pagar nadie, pero debemos solucionarlo».
El ministro, que participó con regantes en una mesa redonda sobre el agua organizada por Casa Mediterráneo, se felicitó por haber sacado adelante los planes hidrológicos del Júcar, Segura, Tajo y Ebro, aunque tarde. Los documentos debían haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2009 y el retraso ha costado ya una multa a España de 100 millones de euros de la Comisión Europea.
Por su parte, los regantes, representados, entre otros, por el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Benjamín Aparicio, aprovecharon la presencia del ministro en Alicante para volver a reclamar la recuperación del trasvase del Ebro a la Comunidad que inició su gobierno cuando lo presidía José María Aznar y que, según recordó Aparicio, «solo representaría el 8% del caudal del río que llega al mar en su desembocadura y, además de solucionar de forma definitiva el problema del suministro de agua, crearía 500.000 puestos de trabajo. Por ello, aprovechamos la oportunidad para que traslade al presidente Rajoy y al presidente Fabra la urgencia de recuperar el proyecto».
Por otra parte, y al margen de la sempiterna reivindicación del trasvase del Ebro -Arias Cañete no recogió, por cierto, el guante y advirtió de que ser ministro obliga a conciliar intereses de toda España-, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recordó al ministro que en la provincia existen 125.000 hectáreas en producción, que el déficit anual de agua supera ya los 300 hm3 y que en estos momentos en el acuífero de la Sierra de Crevillente, declarado sobreexplotado desde hace 20 años, el agua se extrae a 600 metros de profundidad y con un contenido en sal de 1 gramo por metro cúbico. Martínez alertó de que la falta de operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó, unida a la ausencia de lluvias, provoca que en zonas como Aspe sólo quede agua de riego hasta el mes de julio.
El ministro tomó nota de todo y en su intervención, tras recordar la herencia recibida -sólo una de las 15 desaladoras anunciadas tras derogar el trasvase del Ebro y comprada en Marbella, y 25 planes hidrológicos sin aprobar-, apeló al consenso de todos para que el agua se convierta en una cuestión de Estado «y no quede a merced de los cambios de gobierno». Anunció incentivos para que los regantes puedan plantearse la compra de agua desalada, mayor implicación en la fijación de caudales ecológicos e inversiones, pero lo circunscribió todo al nuevo Plan Hidrológico Nacional que, sin embargo, aún tardará, ya que primero hay que revisar en 2015 todos los planes hidrológicos de cuenca que este año verán la luz.
Ausencia del Consell
La presencia del ministro fue breve. Llegó en avión a primera hora de la mañana, se pasó por Casa Mediterráneo, participó en la mesa redonda de Casino y raudo se volvió a Madrid en el AVE de las 12.30 horas. Su intervención fue seguida por unas 50 personas, entre las que al final estaban los regantes tras la reacción de la directora de Casa Mediterráneo invitándoles a última hora, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor y, entre otros, el presidente del Puerto, Joaquín Ripoll, y Moisés Jiménez (Coepa). La alcaldesa Castedo delegó en el edil Castillo y fue sonada la ausencia de representantes del Consell. El conseller Císcar se excusó por la comisión de control de las Cortes y envió al secretario autonómico de Agricultura.
