La facilidad con la que el Consell ha tocado a la puerta de las entidades financieras durante los últimos 14 años ha disparado la deuda pública por habitante hasta récords históricos. El endeudamiento por ciudadano se ha cuadriplicado en ese tiempo y ha consolidado a la Comunidad a la cabeza de España en carga financiera. En 2000, cuando la economía crecía y la palabra crisis no formaba parte del vocabulario diario de los españoles, la deuda por cada valenciano era de 1.666 euros. Al cierre de 2013, con la economía aún deprimida y con la tasa de paro rozando el 30 %, esa cifra se elevó hasta los 6.346 euros.
El Banco de España ha constatado recientemente la enorme bola de deuda financiera que arrastra la Comunidad Valenciana. El Consell debe ya a los bancos la friolera de 32.456 millones de euros. Nunca antes se había alcanzado un guarismo de tal magnitud. En relación a su Producto Interior Bruto (PIB), el porcentaje se eleva hasta el 33,5 %, una cifra también inédita. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que han conducido a la Comunidad Valenciana a liderar la deuda en función del PIB en España y a ser la segunda con mayor carga global en el país, solo por detrás de Cataluña? Los problemas son múltiples y variados, pero pueden concentrarse en cuatro aspectos: la crisis económica; la infrafinanciación que han sufrido las comarcas valencianas con los dos últimos modelos estatales de reparto de fondos; los mecanismos de rescate que ha recibido el Consell para evitar la quiebra; y la política de grandes proyectos que caracterizó a los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps y que, vista hoy, arroja cuanto menos dudas.
Ese cóctel explosivo se ha traducido en números. En muchos números. Por ejemplo, en esos 6.346 euros que debería desembolsar cada valenciano para poner el contador de deuda a cero. Niños y ancianos incluidos. Si hubiera que realizar una aportación por ciudadano para finiquitar la deuda, una familia de cuatro miembros (dos padres y dos hijos) debería rascarse el bolsillo en 25.384 euros.
Una perspectiva histórica permite comprender mejor la evolución de los datos. En 1995, cuando el PP accedió a la Presidencia de la Generalitat, el Consell y su conglomerado de empresas y fundaciones públicas apenas adeudaban 2.800 millones de euros. Desde entonces, la cantidad que se debe a bancos y cajas ha ido creciendo sin freno. Año tras año, los distintos gobiernos autonómicos tocaron con insistencia a la puerta de las entidades financieras para acometer inversiones y proyectos de calado. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (más de 1.100 millones), Terra Mítica (un coste de al menos 377 millones), el aeropuerto sin aviones de Castellón (150 millones), la Ciudad de la Luz (265 millones), la Fórmula Uno (la oposición cifra el coste en 300 millones)... La política de grandes fastos que inició Zaplana, coronó Camps y ahora trata de enterrar Fabra ha «situado a la Comunidad en el mapa», según han reiterado en innumerables ocasiones los tres dirigentes, pero también han contribuido de manera notable a disparar la deuda. Y no solo eso. Buena parte de ese dinero emanó de préstamos con Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), por aquel entonces dos cajas de ahorro con peso específico en España, pero que corrieron una suerte similar: se hundieron casi a la vez que la burbuja inmobiliaria estalló en pedazos.
La crisis del ladrillo, en particular, y la recesión que vive España desde finales de 2007, en general, también han contribuido de manera notable a engordar la carga financiera valenciana. En 2007, cuando nadie atisbaba la dramática situación que se avecinaba, las arcas autonómicas ingresaron más de 2.000 millones de euros gracias al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el gran maná económico ligado al ladrillo. En 2012, con la economía aún deprimida, esa cifra menguó hasta los 689,6 millones. La caída, por ende, ha sido notable. Pero es que, además, el Ejecutivo previó ingresar 300 millones más ese último año por ese concepto. En concreto, pensó que recaudaría 1.010 millones en 2012 por este impuesto. Esa diferencia provocó un descuadre presupuestario y contribuyó a generar más déficit. ¿Y cómo se cubre el déficit? Recurriendo al endeudamiento.
Una situación «dramática»
La salud económica de la Comunidad llegó a ser tan delicada que hasta el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, tuvo que exhibir «las vergüenzas» del Consell en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todos los consejeros de Hacienda de España como testigos. Fue en marzo de 2013. En esa cita, presidida por Cristóbal Montoro, Moragues advirtió de que las finanzas valencianas atravesaron por una situación «auténticamente dramática» en el año 2012, «con un impago generalizado, sin posibilidad de acceso a los mercados financieros y con una deuda comercial en aumento», según reza el acta de esa reunión.
El desplome de ingresos, por una parte, y las inversiones multimillonarias, por otra, han contribuido a aumentar la deuda. Pero sin duda, el principal lastre que ha tenido que sufrir la Comunidad Valenciana durante la última década ha sido la discriminación que ha padecido con los dos modelos de financiación autonómica: el que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar en 2002 y el que confeccionó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. En ambos salió perjudicada. En ello coinciden tanto el PP como los partidos de la oposición: PSPV, Compromís y EUPV.
Un grupo de expertos designados por las Cortes ha cifrado además el expolio en más de 13.400 millones. El Gobierno, sin embargo, niega cualquier tipo de deuda histórica. Esta pasada semana, el número dos de Montoro en Hacienda, Antonio Beteta, respondió a Ximo Puig en el Congreso que es «inaceptable» que se reclame tal cantidad. «La deuda es una cantidad líquida, vencida y exigible. Por lo tanto, el concepto de deuda histórica al que hace referencia es inaceptable e incompatible con los términos que plantea», zanjó el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Si el Gobierno hubiera financiado a la Comunidad como a la media de España, la deuda podría ser menor. Y además, las arcas del Consell podrían haber necesitado menos fondos de los múltiples mecanismos de rescate que ha puesto el Ejecutivo al servicio de las autonomías en apuros desde 2012. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (FLA) y los planes de pago para proveedores han engordado aún más la deuda y, dado que algunos aún se mantienen, la seguirán elevando. Todavía no se ha tocado techo.
«Cargarse de razones» para pedir financiación
La Generalitat no está dispuesta a alimentar más el debate sobre la financiación y que le está enfrentando con otras autonomías, como Extremadura, e incluso con el Gobierno central. El último episodio ha venido a cuenta de las palabras del secretario de Estado Antonio Beteta. Fabra prefiere «cargarse de razones» y «no gritar». O lo que es lo mismo, mantener su «política de despachos» para tratar de conseguir más fondos. Desde el Palau dan por respondido a Beteta con las palabras del pasado viernes de José Císcar tras el pleno del Consell, y apelan a la «buena relación» entre Fabra y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
