Son menos, pero con el mismo perfil: afiliados al partido de turno, familiares o amigos. Los ayuntamientos siguen utilizando la posibilidad que les da la ley de designar a su personal de confianza para pagar favores, colocar a quienes se han quedado fuera en las elecciones o echar una mano al primo o al amigo en paro y, en la mayoría de consistorios de la provincia, al margen de su tamaño o color político, proliferan los casos de asesores que no tienen ninguna formación ni vinculación profesional con el puesto que ocupan. Una excepción generalizada son los gabinetes de comunicación ocupados, en su mayoría, por profesionales del periodismo con mayor o menor afinidad política con el equipo de gobierno que les contrata. También se recurre en algunos ayuntamientos a expertos en el asesoramiento de temas culturales y en algunas áreas técnicas, pero son los menos.
En general, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que obliga a reducir el número de asesores en una cuantía que dependen del número de habitantes, no ha modificado el perfil del personal de confianza. Los ayuntamientos y la Diputación, tendrán a partir de ahora menos asesores pero estos siguen de forma mayoritaria siendo personas vinculadas a los partidos políticos al margen de su cualificación profesional.
En el Ayuntamiento de Alicante para cumplir la nueva ley se ha optado por fraccionar las plazas para evitar despidos. Excepto casos como el del jefe de prensa de Sonia Castedo, que trabaja a jornada completa, la mayoría del personal de confianza ha visto reducida su jornada laboral y su salario entre un 77% y un 46%. Entre los 31 cargos de confianza del consistorio alicantino, hay profesionales relacionados con la labor que ocupan, por ejemplo en prensa y protocolo y en algunas concejalías, pero también hay amigos y familiares, desde una hija del exalcalde Luis Díaz Alperi, a una sobrina del concejal de Cultura, Miguel Valor, así como un alto porcentaje de personas vinculadas al partido político que les contrata en gobierno u oposición.
En esto de utilizar los puestos de confianza para pagar o hacer favores, no se libran la mayoría de ayuntamientos sean del color que sean. En el de Benidorm, por ejemplo, el alcalde socialista, Agustín Navarro, ha tenido que reducir de 23 a 12 su personal de confianza. Aquí al frente del gabinete de comunicación hay un periodista pero, entre los asesores que se mantienen tras la reducción impuesta por la ley, continúa como jefe de gabinete un primo del alcalde.
En la Diputación ocurre lo mismo, y sólo por poner dos ejemplos, uno de los asesores del PP es el marido de la consellera Asunción Sánchez Zaplana y una del PSOE es la esposa de un concejal de Elche. Familiares al margen, al igual que en los ayuntamientos, los puestos de confianza los ocupan personas vinculadas al partido que les contrata.
Elche está por debajo del número de asesores que les permite la ley. Desde el equipo de gobierno se señala que con la nueva ley para ciudades de entre 100.000 y 300.000 habitantes podrían tener 27 asesores frente a los 13 que hay. Entre ellos se encuentran profesionales en áreas de cultura y programación teatral, así como en prensa y protocolo. Por otra parte, uno de los cargos de confianza lo ostenta la hermana de la alcaldesa, abogada, que trabaja en Alcaldía. El jefe de gabinete es un exportavoz de la gestora del PP, la asesora del grupo municipal es miembro de la ejecutiva del PP y un asesor de comunicación es miembro de Nuevas Generaciones.
En Elda ocurre algo similar. Los asesores de Adela Pedrosa en el gabinete de comunicación son periodistas sin vinculación política con el PP, pero entre los nueve asesores del Ayuntamiento más los cuatro cargos de confianza de las empresas municipales, más de la mitad figuran en la lista del PP en las últimas elecciones municipales aunque no lograron el acta de concejal. Uno de los cargos de confianza en Elda es una cuñada de la alcaldesa, que trabaja en la concejalía de Hacienda, aunque en su caso se trata de una licenciada en Económicas.
En Torrevieja hay 19 asesores, en su mayoría vinculados a los grupos para los que trabajan. La asesora de Tercera Edad es hermana una concejala; el secretario de grupo del PP es hijo de otro anterior asesor del grupo, e incluso hay un asesor de la jefatura de Protección Civil, una entidad formada por voluntarios. Los puestos de personal de confianza se utilizan igualmente para recolocar a algunos cargos cuando se quedan fuera. Como ejemplo, una exconcejal de Fiestas repescada como asesora en la misma concejalía.
El proceso de reducción de cargos de confianza aún no se ha efectuado en toda la provincia. En Alcoy, por ejemplo, hay 12 asesores, entre ellos el hermano de un concejal. Con respecto al número, la responsable de Personal y Recursos Humanos, Lorena Zamorano, prevé que «la reducción aún tendrá que ser mayor con el plan de ajuste».
