El interventor del Ayuntamiento de Alicante ha detectado fallos en el procedimiento administrativo que el equipo de gobierno local puso en marcha hace un mes para reducir a 30 días el pago de las facturas a los proveedores municipales y cumplir así con las exigencias de la ley del control de la deuda del Gobierno. El informe del técnico refleja que hay áreas municipales, como la de Tesorería, en la que los recibos se estancan varios días, incumpliendo los plazos de tramitación que se establecieron en el protocolo administrativo. Los retrasos afectan a 258 recibos de los 967 registrados durante ese periodo.

Pese al estancamiento de las facturas en algunas áreas municipales durante varios días, la portavoz del equipo de gobierno local, Marta García-Romeu, asegura que, finalmente, las 967 facturas registradas durante el último mes se pagaron en menos de 30 días. Un dato que, no obstante, no se concreta en el informe del interventor, que únicamente hace referencia a las «incidencias e incumplimientos» de los plazos.

Hasta ahora, las facturas pasaban varios meses en los cajones de la hacienda municipal. De hecho, en 2013 hubo periodos donde la antigüedad media de los recibos era de cinco meses (152 días). Un retraso en el que influían tanto la demora del procedimiento administrativo para validarlas, como la falta de fondos para pagarlas. Con los anticipos de SUMA, el equipo de gobierno solventa los problemas de liquidez, pero el procedimiento administrativo para validar las facturas superaba, a primeros de año, el máximo de 30 días naturales que establece la ley del control de la deuda del Gobierno. De hecho, desde que entraba una factura en el Ayuntamiento hasta que se autoriza el pago pasaban del orden de 55 días.

Para reducir esos plazos administrativos y cumplir con la ley, el equipo de gobierno local aprobó un plan que reducía a 21 días laborales el procedimiento administrativo desde que una factura entraba en el Ayuntamiento. Cada concejalía dispone de diez días para realizar los trámites y confirmar los pagos, los técnicos de intervención tienen después cinco días para fiscalizarlas y reconocer la obligación de pago. Tras un día para las firmas se pasan a la Tesorería, donde deben finalizarse los trámites en cinco días. En total, deben transcurrir un máximo de 21 días hábiles. Sin embargo, algunas concejalías como la de Atención Urbana, se han excedido del plazo de diez días del que disponían en algunas facturas. También lo han hecho la intervención y la vicesecretaría en tres casos, pero es la Tesorería la que concentra más incumplimientos, puesto que en 234 casos se han superado los cinco días de los que dispone para los trámites.

El interventor debe realizar informes de seguimiento cada mes y, en caso de que el plazo de pago de 30 días se incumpla durante dos meses consecutivos, tiene que dar cuenta a la Junta de Gobierno Local. La ley también obliga al equipo de gobierno local a publicar en la web municipal el periodo medio de pago de las facturas. Algo que, por el momento, se incumple.

El portavoz del PSOE, Miguel Ull, destaca que «en algunos casos se tarda en tramitar facturas hasta cuatro veces más del plazo máximo establecido por el equipo de gobierno popular a principios de año y prácticamente todas las áreas municipales incumplen dicho procedimiento».