Plataformas de dependientes y de discapacitados físicos y mentales de la Comunitat Valenciana han entregado al síndic de Greuges casi 6.000 firmas contra el "copago" impuesto por la Conselleria de Bienestar Social, con el argumento de que les aboca a la pobreza y, en muchos casos, a la exclusión.
Los colectivos solicitan al síndic que investigue el porqué de este obligatorio copago, que en realidad creen un "repago" porque ya antes sufragaban una parte de la atención prestada, y también que analice si la medida vulnera los derechos de los dependientes y discapacitados y si infringe la Constitución Española o la legislación vigente.
Los afectados consideran que una medida "ilegal, inmoral e injusta" de estas características no puede ser aprobada por la Generalitat Valenciana sin un Real Decreto que lo regule a escala nacional, lo cual no ocurre, por lo que esperan que la Justicia y la Sindicatura pongan de manifiesto la manifiesta irregularidad.
Uno de los portavoces, Toni Jiménez Galván, ha denunciado que el "copago" supone "un hachazo más" de la Conselleria de Bienestar Social a este colectivo tan vulnerable, y ha advertido de las dificultades que pasarán estas personas y sus familias, usuarias de residencias, centros de día y de acogida, centros de rehabilitación integral de enfermos mentales, así como de centros ocupacionales y viviendas tuteladas.
Miquel Martorell, de la plataforma de la Dependencia, ha acusado al Gobierno valenciano de "ser el primero que incumple la ley" y ha abogado por la "insumisión" en los copagos frente "al poder absolutista que se impone por decreto".
"Tenemos derechos reconocidos por ley y vamos a intentar rebajar ese poder que cree absoluto este gobierno a costa de sectores tan desfavorecidos, a los que relegan a la pobreza y a muchos de ellos a la exclusión social", ha sostenido.
Un trabajador de la discapacidad, Paulino López, ha señalado que el colectivo está "harto de buenas palabras y buenos gestos" y ha añadido que lo que quieren son "hechos porque cada día que pasa se empobrece más a los discapacitados y dependientes con unos recortes abusivos e inadmisibles".
Un miembro de la Junta de Enfermos Mentales de Valencia, Gonzalo Nielfa, cree que el síndic debe exigir a la Generalitat Valenciana "transparencia" a la hora de justificar el copago y también sobre los criterios que se utilizan para adjudicar a cada afectado la cantidad económica que debe aportar.
Ha opinado que el Consell hace un "experimento" con los discapacitados y dependientes valencianos dentro un modelo que se podría extender posteriormente al resto de España y que estas medidas "ponen en peligro lo poquito", ha repetido, "lo poquito que hay" de servicios para el colectivo de enfermos mentales.
Sobre estas personas, ha sostenido que los centros de rehabilitación son "imprescindibles" y que sin ellos la medicación por sí sola no evita posteriores ingresos y recaídas.
