Cerca de 130.000 familias de la provincia de Alicante no pueden pagar por sus propios medios el recibo de la luz. Son los afectados por la pobreza energética, en su mayoría pensionistas, desempleados y familias numerosas que por la falta de ingresos son incapaces de asumir el coste de una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas, o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda, teniendo que prescindir incluso de este servicio básico, lo que impide no solo calentar el hogar, también que los niños estudien.
Tanto por su carácter doméstico como por su estrecha relación con otras formas de pobreza y exclusión social, este fenómeno era hasta ahora prácticamente invisible para administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas, según el estudio «Pobreza energética en España», realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales y coordinado por el ambientólogo José Luis López.
Este estudio concluye que el 15% de los hogares españoles, unos cinco millones, casi uno más que el año anterior, no pueden asumir la factura energética para mantener la vivienda cálida en los meses fríos. Habla de dos tipos de pobreza energética, la que sufren los hogares de pocos ingresos de las zonas más frías de España, que se ven obligados a dedicar más del 10% de su renta, el doble de la media nacional, para mantener la vivienda caldeada, y otra más propia de las regiones templadas como la provincia de Alicante, donde las viviendas están mal aisladas y sin sistemas de calefacción adecuados. En este caso, el coste que supone asegurar el confort térmico es un lujo inasumible para un 7,4% de hogares alicantinos.
Compañías energéticas, ayuntamientos y empresas empiezan a ser conscientes de esta problemática que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, causa ya tres veces más muertes al año en España que los accidentes de tráfico. De ahí que estén asumiendo el pago de recibos y ofreciendo distintas fórmulas para paliar este fenómeno que va «in crescendo» en toda Europa, donde ya hay 60 millones de «pobres energéticos». Sólo Iberdrola tiene 127.800 clientes acogidos al bono social en la provincia de Alicante, según datos de febrero. Mayoritariamente son personas en paro o pensionistas con prestaciones muy bajas.
Además, Cruz Roja evitó que cerca de 500 familias sufrieran cortes de luz en 2013 ayudándoles a pagar los recibos, o a comprar los sistemas de calefacción adecuados. La ong ya advirtió este invierno, coincidiendo con la bajada de temperaturas, que el encarecimiento de los precios de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la reducción de los ingresos por la inestabilidad del mercado laboral, así como de subsidios y ayudas, «agravan alarmantemente» la pobreza energética. Asimismo, calcularon que un 38% de las familias que atienden se enfrentan a este problema, que ha empeorado coincidiendo con el encarecimiento de la energía, cuyo coste se ha disparado un 50% desde 2007 hasta ahora, según el informe. Cáritas, por su parte, destinó el pasado año 143.000 euros al pago de recibos de familias alicantinas, entre ellos de luz. «Vemos que cada día hay más necesidad», dijeron desde la entidad.
