La Sindicatura de Cuentas constata irregularidades en la gestión económica y la contratación del Ayuntamiento de Alicante en dos nuevos informes en los que se fiscalizan las finanzas y los procesos de control de la Tesorería. Entre las deficiencias se destaca la «excesivamente baja» valoración que se da al precio en la adjudicación de algunos contratos, el volumen de gastos extraordinarios de los últimos años o las debilidades en el control del dinero. En cuanto a esto último, se alude a descuadres en la contabilidad con respecto a la de los bancos y al deficitario control de lo que se recauda en efectivo por los arrastres de la grúa y las multas de tráfico. También se advierten graves deficiencias en los sistemas informáticos y de gestión económica que, según la Sindicatura, conllevan un riesgo de errores en la elaboración del presupuesto, en la fiscalización de los gastos y en el control de las facturas que pueden desencadenar en que se realicen «pagos indebidos» difíciles de detectar.
La fiscalización -referente al ejercicio 2011 y 2012, con alusiones a algunos datos de 2013- refleja que el equipo de gobierno local ha asumido algunas recomendaciones del demoledor informe que emitió hace casi un año la Sindicatura, entre las que se destacan la regulación, justificación y fiscalización de las subvenciones así como la inclusión de varias cuentas -a excepción de una con un saldo de 18.477 euros- en los arqueos de la contabilidad municipal. Pese a ello y a la luz de los nuevos informes, la gestión económica municipal sigue inmersa en un importante descontrol. Además de incidir en que durante los años 2010, 2011 y 2012 los presupuestos eran insuficientes para atender servicios como, por ejemplo, la limpieza viaria, se recuerda que los ejercicios se cerraron con déficit y millones de euros en facturas sin presupuestar.
La Sindicatura rechaza la mayor parte de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y hace especial mención al cobro directo de las multas y tasas por la retirada de los vehículos que se ha llevado la grúa a través de un cajero automático o en ventanilla en el depósito de Babel. En el caso de lo que se cobra por ventanilla, el dinero no se aplica a la contabilidad municipal hasta que no se ingresa en el banco cada 15 días y, en alguna ocasión, no se ha podido contabilizar porque no estaba el encargado de abrir la caja fuerte. Para la Sindicatura, se trata de una «debilidad del control interno» el hecho de que una única persona se encargue de custodiar el efectivo cuando «debería recontarse cada día e ingresarse en una entidad bancaria» porque, de lo contrario, existe «un riesgo alto sobre la integridad de esos fondos». De ahí que recomiende reducir al mínimo los cobros en efectivo.
La Sindicatura subraya el incumplimiento de los plazos para la aprobación de los presupuestos de 2011 y 2012, ejercicios en los que también se infringió la obligación de remitir al pleno la ejecución de presupuestos y los movimientos de tesorería. En los informes también se hace referencia al cese del anterior interventor en diciembre de 2012 mediante un decreto en el que «no figuran los motivos del cese». La Sindicatura cuestiona, además, que se trate de un puesto de libre designación.
En cuanto al nivel de control de los sistemas de información y gestión de la Tesorería, la Sindicatura considera que «aportan un nivel de confianza razonable», pero matiza que se han detectado «deficiencias significativas». Entre ellas, la debilidad de las contraseñas o de procedimientos para habilitar al personal que debe acceder a determinada información. También se detectan problemas en el procedimiento de altas de proveedores y facturas, como el hecho de que se puedan modificar fechas o no se introduzcan verificaciones sobre el IVA.
Existe un riesgo de que «la información no sea precisa» y se recomienda equipo de gobierno aprobar procedimientos que delimiten las funciones de las diferentes áreas municipales y el control. También para la fiscalización de los diferentes tipos de gastos, pagos e ingresos.
