Hasta hace dos días dormía en una de las colchonetas del Centro de Tecnificación, recientemente bautizado por la Generalitat como Pabellón Pedro Ferrándiz. Ahora se ve obligado a pasar las noches como puede en un coche que le prestan y que suele aparcar en las inmediaciones del que fue su lugar de trabajo hasta el martes. Come de lo que le dan en la cafetería del recinto deportivo en un acto de caridad.

Todavía le da vueltas a la cabeza cómo podrá subsistir a partir de ahora sin ingresos ni perspectivas de arreglar su situación mientras trata de asumir que le tocará vivir en la calle. Se trata de Jorge Martín, ahora ya extrabajador de la empresa Gestkal XXI, entidad que prestaba los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento del Centro de Tecnificación hasta hace un par de meses que acabó su labor como empresa subrogada por la Generalitat, propietaria del recinto.

El Consell dejó de pagar sin previo aviso en 2012 y comenzó el drama, afectando a la empresa a la que ha condenado al cierre y recayendo de pleno en los trabajadores. Por los impagos del gobierno valenciano, según Gestkal, la empresa se vio obligada a dejar a Jorge y a sus seis compañeros con diez nóminas pendientes que les han destrozado la vida. Los bancos les amenazan con sacarlos de sus casas y la situación de impotencia crece por momentos. Los trabajadores denunciaron a la empresa en el Juzgado pero todavía sin ningún resultado.

Parecía haber algo de luz cuando la Generalitat subcontrató a una nueva empresa-Limpiezas Raspeig- con la obligación de subrogar a estos siete trabajadores, de forma que pasarían a formar parte de esta nueva entidad. La sorpresa fue mayúscula cuando el gerente de la empresa los reunió a todos y les abrió la puerta a prestar sus servicios con ellos. Pero con una condición, deberían renunciar a los diez meses de nómina que les adeudaba Gestkal, ahora mismo en fase de liquidación. Ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar, puesto que el contrato era de un solo año de duración. Al final, la desesperación ha llevado a un trabajador a aceptar por miedo a perder su casa.

Los trabajadores, asesorados por sus abogados, seguían acudiendo a sus centros de trabajo a desempeñar las mismas tareas de siempre aunque siendo conscientes de que sin remuneración. «Limpiamos con la ropa de la calle, sin guantes ni nada, nadie nos ha dicho nada ni siquiera nos hablan cuando nos cruzamos en los pasillos. No sabemos ni a qué empresa pertenecemos ni si pertenecemos a alguna», señala Vanya Semerdzhieva, una de las trabajadoras totalmente desesperada por una situación «que nos está matando».

Por las noches, el Centro de Tecnificación recibía una inesperada visita. La de Jorge. Tras perder la casa hace un mes por la imposibilidad de pagar su hipoteca, buscaba el refugio del recinto deportivo para dormir bajo techo y resguardarse del frío. «Era la única posibilidad de tener un sitio para dormir, mi lugar de trabajo, buscaba las colchonetas y me llevaba unas toallas que hicieran de mantas», señala Jorge, totalmente abatido por la situación dramática que está viviendo en la que no encuentra salida. Su improvisada «casa» le duró hasta el martes, día en el que se encontraron con una nueva sorpresa. Un técnico de la Generalitat les impidió la entrada cuando acudieron a iniciar su jornada laboral. Limpiezas Raspeig ordenó que se les prohibiera la entrada al no considerarlos ya trabajadores suyos, por lo que ya ni tan siquiera una de las salas del Centro de Tecnificación podía hacer de improvisado hogar a este trabajador con seis años en la empresa.

Situación desesperada

Jorge, de 33 años y con una hija de 19 meses, perdió su casa hace un mes al no poder hacer frente a las letras de la hipoteca y Gustavo está a punto de perderla, lo mismo que Vanya, búlgara y con un futuro que considera más que incierto. Otro compañero hace frente como puede a las letras utilizando los ahorros de su hijo de su Primera Comunión con la esperanza de que resuelva algún día el drama.

La Generalitat, que cambió el nombre al Centro de Tecnificación hace unas semanas en un acto público que reunió a mucha gente, ha llevado a la ruina a la empresa que se ocupaba de su mantenimiento así como a sus trabajadores, según la propia Gestkal.

Así, Guillermo Asensio, gerente de Gestkal XXI, reconoce que la Generalitat les adeuda casi 250.000 euros, una cantidad que les ha abocado a la quiebra. «No cobramos del Consell desde 2012, los bancos consideran que son facturas de dudoso pago y no nos adelantaban ya el importe», afirma el gerente de la empresa, que ahora mismo se encuentra en fase de liquidación después de 18 años de actividad. «El banco no me financia y me he ido a la ruina. Lo siento mucho por los trabajadores, que no hemos podido pagarles, pero ha sido culpa de la Generalitat, que ha llevado la empresa al garete», afirma Asensio.

Por su parte, Enrique Blanco, gerente de Limpiezas Raspeig, empresa que acaba de asumir el mantenimiento del Pabellón Pedro Ferrándiz, lamenta no poder asumir las deudas a los trabajadores. «Si me hago cargo de ese dinero (cerca de 60.000 euros), no puedo asumir el contrato», señala el gerente de la entidad subrogada por la Generalitat, que asegura que ha ofrecido a los siete trabajadores formar parte de la empresa. «Se lo he dicho hasta en tres ocasiones y me he sentido ninguneado por ellos, no han sido nada flexibles, no vengo a hacer daño a nadie, sólo a estar un año e intentar que por lo menos no perdamos dinero», afirma Blanco.

Lo que dejó claro es que no tiene la obligatoriedad de asumir la deuda con los trabajadores «tal y como se aprecia en el pliego de condiciones de subrogación», según apuntó a este diario el gerente de la empresa.