El Ayuntamiento de Alicante debe pagar 20.000 euros para rescindir el contrato de alquiler de las dependencias que ocupaba la Policía Local en la calle Canalejas antes de trasladarse a otras instalaciones de propiedad municipal. Una cantidad que se suma al importe de las obras acometidas en el local para dejarlo como estaba y de los 5.000 euros de los dos meses de alquiler que han tardado en ejecutarse. Desde el área de Hacienda explican que el contrato era hasta 2023 y defienden que el coste de rescindir el contrato se amortizará en unos meses. Desde el PSOE y EU exigen información al respecto.
