Finalmente son 53 las aulas de Infantil para niños de 3 años que la Conselleria de Educación ha decidido cerrar para el curso que viene en los colegios de la provincia, salvando de su planificación inicial otras once, una de ellas de Primaria, pese a que el departamento de Catalá mantiene los criterios del descenso de la natalidad y la falta de alumnos como detonante de esta medida.
Tanto desde Escola Valenciana, firme defensora del mantenimiento de las aulas en los centros públicos, especialmente las de valencijavascript:cargarFckEditor('pTexto');ano -40 están en peligro en la provincia según esta formación-, como desde la federación de padres Enric Valor, apuntan a que motivos ajenos a la enseñanza han determinado que se salvaran unas aulas y otras no. «Como la del Tossalet de Alicante, por una cuestión sociopolítica. Nos preguntamos por qué el concejal Ardid solo ha defendido esta aula y no el resto pese a dar su voto favorable a las alegaciones en el consejo Escolar y aprobar también en el pleno las reivindicaciones de las familias. Ha sido una tomadura de pelo porque se lo han llevado todo por delante», declaraba sumamente indignado el portavoz de Escolar, Ismael Vicedo.
La recién nombrada nueva presidenta de la FAPA Enric Valor, Sonia Tirado, también subraya que el objetivo de Educación con una planificación que suprime 70 maestros de las aulas públicas de la provincia para el curso próximo, y más de medio centenar de unidades de Infantil -el primer nivel educativo-, «no es otro que el desmantelamiento de la enseñanza pública. No se han tenido en cuenta ninguna de las reclamaciones. El de hoy -por ayer- es un día negro», añadió en referencia a que la publicación definitiva del arreglo escolar en el DOCV, Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, da al traste con la esperanza de que se mantuvieran las aulas.
Ayer mismo por la tarde se reunían en Alicante portavoces sindicales de los profesores y representantes de las familias afectadas por la supresión de aulas en sus colegios, con la intención de acordar nuevas medidas con las que tratar de contrarrestar esta decisión última de Educación.
Tribunales
Escola Valenciana ofrece sus servicios jurídicos para presentar recursos: hay un plazo de un mes para recurrir ante la propia consellera Catalá, y dos meses para plantear un recurso contencioso ante el TSJV, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.
También preparan reclamaciones ante el Síndic de Greuges y fuertes campañas de movilización de cara al proceso de matrícula «para forzar a Educación a que añada aulas tras la matrícula ante la avalancha de peticiones por las familias», dijeron.
Educación, por su parte, concluye que habrá 95 aulas más en la Comunidad, balance tras las supresiones y aulas añadidas en espacios arañados en otros centros.
