La Conselleria de Educación tiene previsto elevar el porcentaje de votos de padres que harán falta para implantar la jornada continua en los colegios del 85% al 90%, además de que de entrada deberán participar hasta un 60% de las familias como mínimo, frente al 50% que se estipuló para los centros que ya han implantado este nuevo horario escolar de forma experimentalnuevo horario escolar de forma experimental, cuatro de ellos en la provincia de Alicante.

La jornada continua es uno de los temas que la conselleria ha incluido en el calendario de temas a negociar con los representantes docentes antes de que acabe el curso, aunque en ningún caso habrá una nueva normativa hasta el próximo curso. Entre las intenciones de Educación, oído el rechazo que la jornada continua generalizada provoca en las federaciones de padres mayoritarias, figura que la opinión de las familias sea decisiva en cada uno de los centros que quiera cambiar el horario. opinión de las familias sea decisiva en cada uno de los centros que quiera cambiar el horario

Por este motivo, los nuevos porcentajes previstos modifican al alza los requisitos que se solicitaron para implantar este curso la jornada intensiva en nueve centros de la Comunidad. Como exigencia mínima figuraba la aprobación de un 85% de los padres votantes -que ahora se propone del 90%-, y que se pronunciaran al menos la mitad de las familias -que pasarán a ser el 60%-.

Que el centro esté abierto hasta las cinco de la tarde, que se mantenga el comedor, y que las actividades extraescolares no tengan coste alguno ni para la administración ni para las familias se mantienen tal y como se implantó inicialmente.

«Mayoría simple»

ANPE subrayó ayer su «rechazo a las intenciones de la conselleria de endurecer los requisitos para implantar la jornada continua en los centros», exigiendo que se contemple la aprobación de una mayoría simple del consejo escolar para su implantación. El presidente de la formacion de enseñanza, Laureano Bárcena, declara en un comunicado que «exigir una participación mínima del 60% y unos resultados mínimos del 90% de los votos a favor sería una medida totalmente antidemocrática. Si la administración adoptara esta decisión se basaría únicamente en los argumentos esgrimidos por la minoría de los padres, y desatendería a la mayoría de las familias».