El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha arropado con una ovación las palabras del portavoz de los trabajadores de la planta de Coca-Cola, Luis Bosch Llorca, que ha defendido ante la corporación la necesidad del mantenimiento de la fábrica y de los puestos de trabajo ante "la destrucción del tejido industrial" alicantino.
La multinacional ha anunciado que aplicará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 111 trabajadores de la fábrica de Alicante y que dejará de producir en la ciudad después de 50 años y de ser la cuarta planta con más producción y la segunda en rentabilidad de España.
En una declaración institucional, Andrés Llorens, este viernes alcalde en funciones por indisposición de Sonia Castedo, ha leído un texto en el que se da "el apoyo necesario y claro" para lograr el mantenimiento de los puestos de trabajo e "insta a la empresa a mantener su producción en Alicante". Además, el texto insta a la Conselleria de Economía, Industria y Empleo, así como al presidente de la Generalitat, a "velar por que la empresa mantenga todas sus fábricas en nuestro territorio".
Además, la corporación se dirige al Gobierno de España para que "inste a la empresa para buscar alternativas" al cierre de Alicante, un acuerdo plenario que se ha comprometido a enviar a la compañía.
Trabajadores
En su discurso al pleno, Bosch ha reafirmado que la crisis económica "no puede justificar" el ERE en Alicante, dado que, a su juicio, el cierre de la planta es una decisión "especulativa" y que se llevará a cabo "a costa de la rebaja de la masa salarial y que choca con los valores de la compañía".
El portavoz de los trabajadores ha reclamado a los concejales que se impliquen para buscar una solución y que "hagan suya la reivindicación de los trabajadores" en una "lucha justa".
"Después de 50 años, Coca-Cola quiere echar el cierre para siempre", ha continuado Bosch, que ha apuntado que "no hay mejor plan de empleo que mantener el que ya existe", ya que de lo contrario, "tendremos todos los huevos puestos en la cesta del ocio y el turismo".
Ley del Aborto
El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este viernes, con el voto del PP, la moción presentada por PSPV y EU para que el consistorio instara al Gobierno central a retirar "inmediatamente" el proyecto de reforma de la Ley del Aborto.
La portavoz del Ejecutivo local, Marta García Romeu, ha rechazado la moción, defendida por la socialista Maria José Adsuar, por "forma y fondo", ya que los 'populares' entienden que "está fuera de nuestra competencia" y porque "es necesario que se debata el proyecto de ley" antes de "abrir debates paralelos".
Sin embargo, Romeu ha asegurado que "no aprobar" la moción no es "estar a favor", al tiempo que ha recordado que "ninguna ley" sobre el aborto ha tenido consenso. Por ello, ha pedido que "sea mejorada" y ha deseado "la utopía de tener una hoja de ruta" para lograr el consenso necesario.
Por su parte, Fernando Llopis, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento, se ha abstenido en la votación, aunque ha considerado que el proyecto de reforma "banaliza el aborto" y es "una ley confesional" que viene a "evitar hablar del paro, de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, de la desigualdad entre españoles, de la crisis institucional y política".
Una norma "hiper restrictiva"
Por su parte, la socialista Maria José Adsuar ha lamentado que Rajoy "pretende suprimir derechos" y ha recordado que "hay un 80 por ciento de la ciudadanía" en contra una reforma que ha tildado de "hiper restrictiva".
Según Adsuar, el Gobierno quiere que las mujeres "volvamos a casa a cuidar a menores y mayores" al "eliminar la capacidad de las mujeres para elegir por nosotras mismas". A su juicio, la labor del Ejecutivo para "apoyar las políticas de natalidad" debería ir en la línea de "garantizar el empleo para las mujeres y políticas de apoyo a la maternidad y la paternidad".
Por su parte, el concejal por Esquerra Unida, Daniel Simón, ha señalado que "es la primera vez que un gobierno democrático acaba con un derecho" y ha dicho, "sin mirar a nadie", que muchos de los concejales del PP alicantino "están en contra de la norma".
El concejal de Seguridad, Transportes y Tráfico, Juan Seva, ha sido el único que no ha estado en el pleno durante la votación, además de la alcaldesa Sonia Castedo, que no ha asistido por enfermedad.
