«Hay personas dependientes con un respaldo económico a las que la aplicación del decreto del copago en las residencias les sale a pagar cero euros, y otras sin recursos que deben pagar una barbaridad, hasta los 1.500 euros, el 100% del servicio». Jorge Alzamora, delegado de CC OO, entregó ayer hasta 300 recursos de alzada en este sentido en la territorial de Bienestar Social de Alicante, como integrante de la Coordinadora de la discapacidad.

Cerca de un centenar de afectados se acercaron igualmente para protestar y reclamar que se elimine este copago que, como primera consecuencia, ha empezado a provocar la salida de los centros de día de los primeros discapacitados que se ven imposibilitados para pagar lo que se les reclama desde el Consell.

«El patrimonio sobre el que se realiza el cómputo de cada copago no está bien calculado. Hay a quienes se les ha mirado el patrimonio de los últimos cuatro años y muchos ya pagaban una cuota al centro, de modo que se les cobra por lo mismo dos veces», argumenta Alzamora.

«Ilegal»

El Comité de representantes de personas con discapacidad de la Comunidad, Cermi, ha exigido la paralización del decreto del Consell y CC OO lo ha puesto en manos de sus servicios jurídicos, al advertir visos de «ilegalidad» en la normativa por los motivos señalados, además de que «no hay todavía una normativa nacional al respecto y el decreto de la Comunidad ya se quiere hacer efectivo».

Ayer fue el primer día en que tanto la Coordinadora por la discapacidad como Cermi convocaban a los afectados en contra del nuevo decreto del copago que entra en vigor ahora, «pero no va a ser el último. Desde el 8 de diciembre se están recibiendo las cartas de Bienestar Social con los cálculos sobre lo que tiene que pagar cada dependiente que utiliza una residencia, y las protestas van a ir llegando por goteo. La semana próxima entregarán las reclamaciones de la Marina Baixa, y los primeros usuarios empiezan a quedarse en casa», añade Alzamora.

Las primeras bajas de usuarios también han empezado a provocar rumores entre los trabajadores de las residencias sobre la perspectiva de que disminuya la ratio de pacientes atendidos y, por lo mismo, que se vean afectados los puestos de trabajo y empiecen a despedirles.

«Si las bajas son muchas porque les es imposible pagar estas neuvas cuotas, la ratio cambia y las empresas se plantearán despidos», subrayan desde CC OO.

Abandonar la atención que están recibiendo estas personas dependientes en las residencias de día también les va a perjudicar seriamente en su nivel de integración social y en su salud. Si se quedan en cas los profesionales dejan de trabajar con ellos en su educación y repercutirá a todos los niveles», lametna Jorge Alzamora.

Familiares, simpatizantes, trabajadores y algunos de los afectados evidenciaron su malestar ayer en la delegación de Bienestar Social en Alicante, al igual que hicieron el día anterior en Valencia otros centenares de afectatos. «Esto no ha hecho más que empezar porque algunos casos son sangrantes», precisaron ayer.

Por último, desde el sindicato de CC OO temen que las direcciones de algunos centros pretendan cubrir las cantidades que dejan de pagar los usuarios que se dan de baja con los salarios de los trabajadores, «a través de restarles una paga o media paga».