El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha remitido un requerimiento con la amenaza de embargo al Ayuntamiento de Alicante en el que le da de plazo hasta marzo del próximo año para que abone las deudas derivadas de la ejecución de la sentencia del Pau 4 o plan parcial de La Condomina. En caso contrario, el TSJ advierte que impondrá multas coercitivas de hasta 1.500 euros mensuales a la alcaldesa o al interventor como responsables de este impago, que rondaría según fuentes municipales el medio millón de euros.

En la resolución, suscrita por la ponente de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ, se requiere al Ayuntamiento «en la persona de su alcaldesa o interventor, para que lleve a cabo los trámites de urgencia necesarios para la inclusión en el presupuesto de 2014 de las cantidades derivadas de la presente ejecución». Además, el escrito subraya que antes del día 15 de diciembre, plazo que vence mañana, se deberá acreditar que en el presupuesto figura la partida económica, y que el «abono efectivo deberá efectuarse en los tres primeros meses de 2014».

El TSJ señala que «no desconoce las dificultades económicas y las limitaciones financieras de la Corporación municipal», pero acto seguido añade que el Ayuntamiento conoce «desde el año 2005 del resultado de este procedimiento y de las responsabilidades económicas derivadas del mismo, por lo que debe hacer frente, sin más dilación, al cumplimiento de sus obligaciones».

Finalmente, el requerimiento advierte que «en caso contrario se adoptarán las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa (LJCA)».

El citado artículo establece que la Sala podrá «imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar». Además, el mismo artículo establece que se «podrán exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

La deuda municipal es consecuencia del recurso contencioso interpuesto en 1997 por propietarios de suelo del plan parcial de La Condomina y tramitado por el letrado Pedro Beltrán contra el proyecto de reparcelación del mismo, al no aceptar la cuantía de las indemnizaciones fijadas por la promotora, Hansa Urbana, y aprobadas por el Ayuntamiento. El procedimiento concluyó en 2005 con la condena al Ayuntamiento y a Hansa Urbana, quedando pendiente de pago alrededor de medio millón de euros, según fuentes municipales.