La presidenta de la Diputación y primera edil de San Vicente, Luisa Pastor, pidió ayer «voluntad» a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para alcanzar un acuerdo con la Conselleria de Infraestructuras para la financiación de los autobuses interurbanos (azules) que conectan la capital con el resto de municipios de la comarca. Pastor incidió en que el problema «afecta a Alicante y al resto de municipios» y puntualizó que «no se trata de ponernos todos a discutir si algo nos ha molestado», en alusión a las declaraciones de Castedo en las que aseguraba no haber sido invitada a la reunión convocada el martes en la Diputación con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y los alcaldes de la comarca.

Para los trabajadores de la concesionaria del transporte interurbano -La Alcoyana- resulta imprescindible un acuerdo entre Conselleria y Ayuntamiento para que «cada administración asuma su gasto» y poder el ERE planteado por la empresa. Agradecen la «mediación» de Pastor, con quien se reunieron ayer, y sostienen que sin un acuerdo la conexión con los municipios, así como las frecuencias y el precio de las billetes se vería mermada.

Ayer mismo, Pastor votaba en contra -en el pleno de la Diputación- de una moción de los socialistas para pedir a la Generalitat que mantuviera el sistema de transporte metropolitano (TAM) como hasta ahora y aportara en torno a seis millones de euros. La presidenta de la entidad aludió a que en estos momentos «se está negociando» el tema y pidió «paciencia» hasta llegar a «un puntuo de encuentro».

La solución que plantea la Conselleria de Infraestructuras conlleva que la administración local pase a gestionar su transporte urbano -autobuses rojos- y la autonómica el interurbano -azules-. Si embargo, Infraestructuras aportará únicamente 1,9 millones de euros anuales para un servicio que, en 2012, tuvo un coste de 6 millones de euros. Para ajustar el servicio al nuevo presupuesto proponen un nuevo sistema de facturación en el que se tenga en cuenta el número de pasajeros y con un coste cerrado a primeros de año. Además, piden al Ayuntamiento de Alicante que pague una parte si quiere que se mantengan las paradas y los recorridos que realizan los autobuses azules por su término municipal. El Ayuntamiento, que ya debe asumir el coste del transporte urbano (rojos) -en 2012 fue de 9,5 millones de euros- se niega a tener que pagar una cantidad adicional.

Castedo se ratificó ayer en esta decisión, pero rebajó considerablemente el tono con respecto a un día antes, cuando cargó contra la consellera de Infraestructuras aseverando que Alicante no tenía «por qué pagar el pato» y que no iba a pagar más dinero para el transporte interurbano «y menos con amenazas». La regidora relajó ayer el pulso con Bonig hasta el punto de asegurar que la relación entre ambas es «muy buena». No obstante, añadió que es no impide «que reclame lo que es justo para la ciudad» que, en su opinión, «podría estar mucho mejor tratada» aludiendo a la paralización de obras del Consell. Algo que atribuyó «no a ningún tipo de intención, sino a la crisis económica».

Bonig, por su parte, dijo «no querer entrar» a valorar las declaraciones de Castedo del día anterior y afirmó que «acatará» lo que decida. No obstante, dijo mantener abiertas las negociaciones y su intención de «estudiar todas las posibilidades».