El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Infraestructuras en el conflicto del transporte interurbano terminó de romperse ayer. Si primero fue la entidad local la que se negó a asumir el coste de la parte que le correspondía al Consell, ayer fue la administración autonómica la que devolvió el órdago a la administración dirigida por Sonia Castedo. En una reunión celebrada en la Diputación, con alcaldes de los principales municipios de la comarca y con la marcada ausencia de la regidora alicantina, la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, planteó que si Alicante no daba una aportación adicional para el transporte interurbano, eliminaría la mayor parte de las paradas y recorridos que los autobuses azules realizan por el término municipal de la capital. Algo que el concejal de Tráfico y Transportes, Juan Seva, descartó radicalmente. Este último aseguró que la pérdida de paradas se suplirá con una reordenación del servicio de autobús urbano, cuyo coste asumirá íntegramente la hacienda local.
El desencuentro supone la fractura del sistema de transporte, al menos como está concebido hasta ahora. De esta forma, Consell y Ayuntamiento irán cada uno por su lado. El primero se encargará de pagar el transporte interubano (azules) y la administración local el urbano (rojos). Bonig garantizó, no obstante, que se mantendrán el actual sistema de trasbordos y que no habrá incrementos en el precio.
El servicio interurbano viene generando un coste anual de seis millones de euros, pero el Consell no está dispuesto a pagar más de 1,9 millones al año. Es por ello que Infraestructuras ha planteado un cambio en el sistema a partir de enero, que negociará directamente con la empresa. El director general de Transportes, Carlos Eleno, explicó que se dejará de pagar por kilómetros realizados y que cada año se cerrará un contrato con un precio fijo con el operador en el que, además, se establezcan objetivos para aumentar el número de pasajeros. Un cambio que reducirá el déficit, pero que obligará a suprimir frecuencias en aquellas líneas que no sean rentables, según Eleno.
Para ajustar los costes a su presupuesto, Bonig advirtió que si el Ayuntamiento de Alicante no aporta dinero para el servicio interurbano -en torno a dos millones de euros, según fuentes municipales- las líneas que conectan con la comarca únicamente tendrían «una o dos paradas» el término de municipal de la capital. Algo que no ocurrirá en el resto de municipios, que mantendrán sus paradas sin aportar nada al sistema, tal y como explicaron.
Ese recorte de paradas afectaría, sobre todo, a las que discurren por la Playa de San Juan o conectan la capital con Villafranqueza. Sin embargo, el concejal Juan Seva no está dispuesto a aportar más de los 9,5 millones de euros que le cuesta el transporte urbano -sin contar con la subvención a los bonos-. Por ello, sostiene que su intención es reordenar las líneas urbanas (rojas) para suplir las carencias que se puedan dar con la eliminación de paradas y recorridos de las azules en el término municipal.
Lista de desencuentros
Con esta ruptura, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, arrastran ya una larga lista de desencuentros en asuntos como la paralización de las obras del acceso sur, las lanzaderas del AVE a Benidorm o el retraso en la puesta en marcha de la Línea 2 del tranvía. Hecho, este último, con el que Castedo hizo frente común con la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. Sin embargo, ayer la regidora alicantina no asistió a la reunión convocada en el organismo provincial por Bonig para tratar de buscar una solución al conflicto del transporte público, pese a que sí acudieron los alcaldes o representantes de los principales municipios de la comarca afectados -El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente-. Aunque Castedo aseguró no sentirse oficialmente invitada a la reunión, la propia presidenta de la Diputación confirmó haberlo hecho y afirmó que la regidora excusó su ausencia aludiendo a motivos de agenda.
En cuanto al ERE planteado por la empresa concesionaria -La Alcoyana- Bonig echó balones fuera asegurando que se trata de «una decisión empresarial» y aludió a las «reestructuraciones» que la propia administración ha realizado en empresas públicas como FGV para reducir costes.
